El Tribunal Supremo rechaza la apelación de Iberdrola y mantiene la responsabilidad de la empresa en los problemas de cárteles de cables eléctricos

El Tribunal Supremo rechaza la apelación de Iberdrola y mantiene la responsabilidad de la empresa en los problemas de cárteles de cables eléctricos

En un veredicto que sentará precedente en el sector energético, el Tribunal Supremo ha rechazado la apelación interpuesta por Iberdrola y ha mantenido la responsabilidad de la empresa en los problemas relacionados con los cárteles de cables eléctricos. Esta decisión supone un golpe significativo para la empresa energética, que deberá hacer frente a las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de su participación en estos cárteles. El fallo del Tribunal Supremo pone de manifiesto la importancia de la competencia leal en el mercado y el papel fundamental que juega la justicia en la defensa de los intereses de los consumidores.

Tribunal Supremo mantiene la responsabilidad de Iberdrola en el caso de los cárteles de cables eléctricos

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Iberdrola contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que confirmaba su responsabilidad solidaria respecto a la infracción y sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su antigua filial Amara por participar en los cárteles de distribución y fabricación de cables eléctricos.

Según el auto de fecha 12 de junio de 2024, el Alto Tribunal no aprecia la existencia de interés casacional y determina que Ibedrola no ha logrado desvirtuar la presunción legal de influencia decisiva mediante la aportación de pruebas que revelaran que la filial actuaba de modo autónomo o fuera del ámbito decisorio de la matriz.

Iberdrola defiende que la sentencia de la Audiencia Nacional interpreta indebidamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el concepto de influencia decisiva y su aplicación cuando la entidad matriz es damnificada por la actuación ilícita de una filial.

La CNMC desmanteló circo cárteles en 2017, cuando Iberdrola vendió Amara. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había detectado que once compañías y una asociación empresarial de fabricación y distribución de cables eléctricos amañaban precios y se repartían proyectos.

En el caso de Amara, la CNMC apreció una infracción constitutiva de cártel consistente en la adopción de acuerdos de reparto de proyectos de suministro de cables BT/MT y le multó con 2,25 millones de euros. Iberdrola argumenta que la CNMC se basó exclusivamente en la vinculación accionarial con Amara durante las fechas en que supuestamente se produjeron los hechos sancionados.

Según la jurisprudencia, en los casos en los que una matriz participa en el 100% del capital social de su filial existe una presunción 'iuris tantum' de que la matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial.

Iberdrola defiende que era potencial perjudicado en relación con proyectos en los que la matriz era el cliente y, por tanto, potencial perjudicado. La CNMC incide en que solo se consideró acreditado el reparto de un proyecto (Peñaflores) cuyo cliente final era Iberdrola.

Las empresas sancionadas, con sede en Madrid, Barcelona, Valencia y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurarse las ganancias, con el consiguiente encarecimiento de las obras.

Además, otro de los cárteles fue el creado por las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión. El regulador impuso sanciones por valor de 44,7 millones de euros para las compañías y de 80.000 euros para la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (Facel).

Los hechos quedaron acreditados en los mails, mensajes de WhatsApp y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su modus operandi.