El veto del PP y la demanda de compensación de ERC alejan al Ejecutivo de aprobar a plazo la ley de movilidad comprometida con la UE

El veto del PP y la demanda de compensación de ERC alejan al Ejecutivo de aprobar a plazo la ley de movilidad comprometida con la UE

La ley de movilidad, un compromiso adquirido por España con la Unión Europea, se encuentra en un peligroso impasse debido a la oposición del Partido Popular (PP) y la demanada de compensación por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El Ejecutivo, que ya había retrasado en varias ocasiones la aprobación de esta normativa, ve cómo se aleja la posibilidad de aprobarla a plazo. La incertidumbre política y la falta de consenso entre los partidos políticos están poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE en materia de transporte y medio ambiente. ¿Cuál será el futuro de esta ley tan importante para el país?

El PP obstruye la ley de movilidad sostenible y el Gobierno se enfrenta a una nueva demora

El Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Movilidad Sostenible, lo que retrasará todavía más la tramitación parlamentaria de una norma que el Gobierno prometió a Bruselas tener aprobada antes de final de este año. La norma se acerca también al final del plazo previsto para su tramitación con reclamaciones financieras por parte de ERC, para que el Estado cubra parte del coste del transporte urbano.

La tramitación parlamentaria en peligro

La enmienda a la totalidad presentada por el PP rechaza de plano un proyecto de ley que volvió a entrar en el Congreso a principios de este año, después de que el Consejo de Ministros lo aprobara en enero. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó que se presentaba igual, sin ninguna modificación, para aprovechar el consenso que apenas unos meses antes parecía existir en el Congreso para aprobar una ley que figura en el Plan Nacional de Recuperación como uno de los hitos a los que se compromete el Gobierno ante Bruselas para seguir recibiendo fondos europeos.

La ley de movilidad sostenible

La norma contempla la posibilidad de que los alcaldes creen peajes urbanos y un compendio de medidas para fomentar el transporte público y no contaminante, en bicicleta y a pie, y obligará a los ayuntamientos a tener planes de movilidad sostenible, así como a las grandes empresas. Supone un espaldarazo, por ejemplo, para la movilidad compartida en plataformas como Bla, Bla, Car y para el transporte de mercancías en tren y la intermodalidad, en detrimento de por carretera, más contaminante.

La situación actual

El Congreso volvió a recibir en febrero el proyecto de ley para su tramitación de urgencia, pero con el paso de los meses se fueron comprobando las grietas que existen para aprobar la ley, en un escenario como el actual en el que el Gobierno no tiene una mayoría asegurada en el Congreso en ningún aspecto y sin aparentes puentes con el PP.

Reacciones de los partidos

La portavoz del PP, Ana Martínez Labella, afirmó que no soy muy optimista porque este proyecto de ley se presentó de nuevo en enero y argumentaban la premura para tenerlo aprobado para final de año so pena de perder fondos europeos. Por su parte, la portavoz de ERC, Inés Granollers, apuntó que después del Congreso aún que pasar al Senado y previsiblemente regresar a esta Cámara de nuevo.

El portavoz socialista, Nacho López, fue en encargado de poner el punto de optimismo en el debate al asegurar que, aunque aún no se ha abierto el plazo de enmiendas, sí se ha hablado en los pasados meses para que vaya rápido. Existe cierta predisposición de los distintos grupos a alcanzar lo que sería positivo, un acuerdo, señaló.

El futuro de la ley

De momento, lo que tiene el Gobierno sobre la mesa de la comisión de Transportes del Congreso es una enmienda a la totalidad que supone tener que celebrar un debate y superar una votación que determinará si el proyecto de ley sigue adelante. Si gana el 'no', la tramitación terminará, pero si, como creen fuentes socialistas, se trata de un mero trámite, también tendrá un efecto porque retrasará todavía más la fase en la que los grupos deben presentar enmiendas parciales al texto.

En esta fase posterior se verá también si las exigencias sobre financiación que ERC planteó el año pasado entre las casi mil enmiendas que presentaron los grupos al proyecto de ley se pueden conjugar de alguna manera con la intención del Gobierno de dejar cuestiones sobre quién y cómo financia el transporte público en las ciudades a un acuerdo de Presupuestos o en el marco de la financiación autonómica.

La situación es incierta, y el futuro de la ley de movilidad sostenible sigue siendo un tema de debate y negociación entre los partidos políticos.