España aumenta la deuda por laudos impagados a la industria renovable en casi 1.900 millones

España aumenta la deuda por laudos impagados a la industria renovable en casi 1.900 millones

En un nuevo capítulo de la crisis energética que afecta a España, se ha conocido que la deuda del Estado con la industria renovable ha aumentado significativamente. Según fuentes oficiales, la cantidad adeuda a las empresas que generan energía renovable, como la eólica y la solar, asciende a casi 1.900 millones de euros. Esta cifra es consecuencia de la morosidad en el pago de la deuda por parte del Estado, que se ha ido acumulando desde hace años. Esta situación es especialmente preocupante para la industria renovable, que ya sufre debido a la incertidumbre regulatoria y la competencia desleal de otras fuentes de energía.

La factura de la retirada retroactiva de las primas renovables en España asciende a 1.900 millones de euros

El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial ha reconocido una indemnización de 32,9 millones de euros a la empresa italiana Renergy, lo que supone un nuevo golpe para la economía española. Esta cifra se suma a la deuda total que asciende a 1.880 millones de euros, y se incrementa a un ritmo cercano a los 100,000 euros diarios.

La empresa italiana Renergy había reclamado 152 millones de euros, pero el Estado se negó a aceptar el dictamen y puso en marcha un pedido de anulación que ha extendido el proceso hasta agosto de este año. Sin embargo, la revisión ha concluido que el panel de jueces acordados por las partes no se extralimitó en ningún momento, ya que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando aprobó las primas renovables y seguía dentro del acuerdo en el momento en que las retiró.

La denuncia original se produjo en 2014

La empresa Renergy ha sufrido una espera de diez años tras haber experimentado una situación de manifiesta inseguridad jurídica, al ver cómo se alteraban las reglas de juego en mitad del partido y las primas renovables eran retiradas con efectos retroactivos. Su causa es idéntica a la de más de 65,000 familias afectadas y a la del medio centenar de empresas internacionales que han denunciado a España.

La factura aumenta 100,000 euros por día

Hasta la fecha, se han concluido 33 de los 50 casos y España ha perdido 26, mientras que el Estado ha conseguido anular cuatro. La cantidad total a favor de los inversores es de 1.562 millones, a la que hay sumar otros 318 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado, etc. En total, la factura alcanza los 1.880 millones de euros.

Las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países

Ante los impagos, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la justicia que intervenga y tome medidas a su favor. En el Reino Unido, los tribunales han respaldado a los afectados y han autorizado ya numerosos embargos de bienes españoles. En Londres, la justicia ha autorizado cautelarmente la intervención de la sede del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico de la Generalitat de Cataluña y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

Además, los tribunales de Gran Bretaña han embargado el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. También se han incautado cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros.

¿Habrá pacto con el Gobierno?

Por su parte, en Australia, la Corte Suprema ha respaldado también a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia. Asimismo, Bélgica ya ha autorizado la intervención preliminar de los pagos de Eurocontrol a Enaire por el servicio de gestión del tráfico aéreo, interviniendo hasta la fecha una transacción de 80 millones de euros.

Las empresas afectadas han ofrecido un pacto al Gobierno para reinvertir en España las indemnizaciones y poner así fin a la litigiosidad. La propuesta cuenta con el visto bueno de gran parte de las empresas que están pendiente de cobro. En concreto, el visto bueno a un acuerdo corresponde al 80% sobre el total adeudado -solo laudos-.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el Reino de España se defenderá con las medidas oportunas. Hasta la fecha, el Estado ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado -más de 10,500 millones de euros- por los inversores internacionales por el recorte de las renovables.