España deberá pagar indemnizaciones a las familias de dos policías asesinados en el atentado a la embajada de Afganistán en 2015
En un fallo histórico, el Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar indemnizaciones millonarias a las familias de los dos policías españoles que perdieron la vida en el atroz atentado contra la embajada de Afganistán en Kabul en 2015. Este trágico suceso tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015, cuando un comando talibán atacó la embajada española, causando la muerte de dos agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Carlos Santos Morales y Jorge García Tortosa, así como de otros seis civiles. Ahora, después de años de batalla judicial, las familias de las víctimas recibirán una compensación económica por la pérdida de sus seres queridos.
La Audiencia Nacional condena a España a indemnizar a víctimas del atentado en Kabul
La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios derivados del atentado en la embajada de España en Kabul, Afganistán, el 11 de diciembre de 2015.
El Tribunal de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista.
Las cantidades de indemnización fijadas por la Sala varían según los casos. Para las viudas e hijos de los dos agentes fallecidos, se ha establecido una indemnización cercana a los 200.000 euros. Por otro lado, los otros cuatro policías recibirán sumas que van desde los 128.000 hasta los 190.000 euros.
En su sentencia, la Sala ha tenido en cuenta los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas padecidas por estas víctimas. Además, se han complementado las cantidades fijadas por ley con los daños morales que les ha generado la desatención de los requerimientos para mejorar la seguridad del recinto y el pesar por haber visto a familiares queridos y haber quedado los agentes supervivientes expuestos a un peligro patente sin adoptar medidas razonables para mitigarlo.
Este fallo judicial supone un reconocimiento a la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos y funcionarios en el extranjero. La indemnización ordenada por la Audiencia Nacional es un paso importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas del atentado en la embajada de España en Kabul.
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