España sale airosa de dos litigios que la obligaban a pagar 72 millones y refuerza su posición en su negativa a indemnizar a las renovables por el 'ha

España sale airosa de dos litigios que la obligaban a pagar 72 millones y refuerza su posición en su negativa a indemnizar a las renovables por el 'hachazo' a la energía limpia

En un golpe de efecto para el Gobierno español, el país ha logrado salir airosa de dos litigios internacionales que lo obligaban a pagar una cifra total de 72 millones de euros. Estos procesos judiciales se iniciaron tras la reforma energética implementada en 2013, que supuso un drástico recorte en las ayudas a las energías renovables. Esta victoria judicial refuerza la posición del Ejecutivo en su negativa a indemnizar a las empresas de energía limpia afectadas por el llamado 'hachazo' a la energía limpia, lo que supone un alivio para las arcas públicas y un respaldo a la política energética del país.

Victoria para España: dos tribunales internacionales rechazan demandas millonarias por hachazo a la energía renovable

El Gobierno de España ha obtenido un nuevo triunfo en su estrategia de negarse a indemnizar a los inversores internacionales perjudicados por el denominado impuesto al sol de la década pasada. Dos compañías europeas, Sapec SA y European Solar Farms A/S (ESF), habían reclamado a España un total de 72 millones de euros por el perjuicio a sus proyectos fotovoltaicos en España.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, el 11 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial y con sede en Washington, determinó que no tiene jurisdicción para conocer las disputas comerciales entre inversores de la UE y un Estado miembro como es España. Esta decisión supone un golpe a las esperanzas de los inversores que habían reclamado una indemnización de 27,4 millones y 45,2 millones, respectivamente, más ocho millones de euros en costas.

Un precedente importante

Esta sentencia del CIADI se suma a otra similar de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) en el caso GreenPower contra el Reino de España, que también declaró falta de jurisdicción para conocer una disputa entre actores de la UE. Esta decisión podría abrir la puerta a que otros tribunales no europeos determinen que tampoco tienen competencia para arbitrar este tipo de litigios.

Desde el Gobierno prefieren no hacer comentarios sobre las derivadas de esta decisión, pero fuentes conocedoras de estos litigios internacionales afirman que no podrán reclamar tampoco ante tribunales europeos. De momento, las dos empresas reclamantes no podrán acudir ya a una corte europea.

La estrategia del Gobierno

La posición del Gobierno de España ha sido siempre la de negarse a pagar las cantidades millonarias reclamadas por los inversores internacionales perjudicados por el impuesto al sol. Desde que en 2018 aprobó un decreto para resarcir en parte a los inversores, algunos aceptaron condiciones que eran peores que las que años atrás habían hecho sus inversiones, mientras que otros se lanzaron a litigar contra España en cortes internacionales de contenciosos comerciales entre Estados y empresas.

El Gobierno ha mantenido su postura de no pagar ninguno de los laudos que ha ido perdiendo, y decisiones como la del CIADI respaldan esta determinación. En todo caso, la cifra total reclamada ha ido disminuyendo con el paso de los años, desde los 10.000 millones iniciales hasta los aproximadamente 1.500 millones actuales.

Un precedente que puede influir en futuras decisiones

La decisión del CIADI y la Cámara de Comercio de Estocolmo podrían influir en futuras decisiones de tribunales internacionales, lo que podría suponer un golpe a las esperanzas de los inversores que siguen exigiendo a España pagos milmillonarios por el hachazo a las renovables de 2013.

De momento, el Gobierno de España puede sentirse satisfecho con esta victoria, que refrenda su estrategia de no ceder a las demandas de los inversores internacionales. Sin embargo, la batalla no ha terminado todavía, y muchos inversores siguen exigiendo a España que cumpla con sus compromisos y pague las cantidades reclamadas.