Indra enfrenta a Trabajo en el Tribunal para obtener el pago de 24 millones de euros relacionados con el ERE de 2015
La empresa de tecnología española Indra ha decidido llevar a cabo una acción judicial contra el Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de 24 millones de euros relacionados con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo en el año 2015. Esta medida se toma después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto. El ERE de 2015 fue un proceso de reestructuración llevado a cabo por la empresa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, lo que conllevó la pérdida de empleos y una importante reorganización de la plantilla. Ahora, Indra busca obtener la compensación económica que considera justa por parte del Ministerio de Trabajo.
Indra se enfrenta a Trabajo en el Tribunal por 24 millones de euros en disputas sobre el ERE de 2015
La empresa tecnológica Indra ha iniciado una batalla judicial contra el Ministerio de Trabajo en la Audiencia Nacional para tumbar la liquidación de 24 millones de euros exigida por el departamento liderado por Yolanda Díaz en relación con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en el año 2015.
El ERE, que afectó a 1.750 empleados del grupo en España, fue ratificado por el Tribunal Supremo y se fundamentó en causas económicas y productivas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo reclama las aportaciones económicas al Tesoro por la llamada Cláusula Telefónica, que establece que las empresas con beneficios deben realizar una aportación económica al Tesoro Público para compensar las cotizaciones por desempleo.
La Cláusula Telefónica
La Cláusula Telefónica se aprobó en el año 2011 con la Ley de actualización y modernización de la Seguridad Social. Esta disposición establece que las empresas con más de 500 empleados y que ejecuten un ERE que afecte al menos a 100 trabajadores mayores de 50 años, deben realizar una aportación económica al Tesoro Público si concurren varias circunstancias, como que la empresa tenga beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización.
En el caso de Indra, el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) emitió una liquidación de 23,9 millones de euros relativa a las anualidades 2015, 2016 y 2017 en concepto de aportación económica derivada de ese procedimiento colectivo. Indra presentó un primer recurso de alzada, que fue desestimado por silencio administrativo, y finalmente acudió a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.
La pelea por los ERE de Díaz
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado una dura batalla contra los Expedientes de Regulación de Empleo de las grandes empresas. Ha calificado los ERE de Caixabank y BBVA como preocupantes e inasumibles y ha manifestado su intención de prohibir procedimientos para estos casos.
En este sentido, la ministra ha expresado su desacuerdo con las empresas que presentan despidos colectivos mientras tienen beneficios. Una empresa que tiene beneficios no puede presentar un despido colectivo, ha declarado Díaz.
La Audiencia Nacional deberá analizar este caso, aunque no se espera una posición definitiva hasta al menos el próximo año 2025. La resolución de esta disputa será clave para determinar si Indra debe pagar los 24 millones de euros reclamados por el Ministerio de Trabajo.
Deja una respuesta