En un giro inesperado, la amnistía parlamentaria que se esperaba para los políticos independentistas catalanes ha sido rechazada por la justicia española. La decisión ha generado un clima de incertidumbre en torno al futuro de los líderes independentistas, en particular del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros beneficiarios potenciales de esta medida. Ahora, la pregunta que todos se hacen es qué sucederá con ellos. ¿Serán juzgados y condenados por sus acciones o encontrarán una vía de escape?
La amnistía parlamentaria se desvanece en la justicia: ¿Qué sucederá con Puigdemont y los demás beneficiarios potenciales?
La aprobación de la amnistía en el Congreso de los Diputados no implica que la medida de gracia afecte automáticamente a Carles Puigdemont y el resto de condenados, procesados e investigados por delitos relacionados con el procés. Simplemente, conlleva que los jueces y magistrados a cargo de todos estos casos comenzarán a actuar una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor.
El camino que se inicia este 30 de mayo es incierto y complejo. No hay certezas sobre cuándo y cómo acabará. Tampoco se sabe por el momento cuándo se publicará la norma en el BOE. Pero una vez quede impresa en negro sobre blanco, los jueces correspondientes tendrán un plazo de dos meses para decidir sobre su aplicación, tal y como dicta la propia ley.
Los jueces deberán actuar
En el Tribunal Supremo, deberán actuar Pablo Llarena, que instruye los posibles delitos de malversación, desobediencia y desórdenes públicos cometidos por Puigdemont en el marco del procés; Susana Polo, que investiga al expresidente y al diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic; y la Sala Segunda del tribunal, que deberá revisar las condenas de la sentencia del procés.
En la Audiencia Nacional, deberá analizar la amnistía la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que procesa a 12 personas por el terrorismo de los Comités de Defensa de la República (CDR), así como el instructor Manuel García Castellón, que investiga a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros, por supuesto terrorismo de Tsunami Democràtic. La medida de gracia afecta también a diversos procedimientos dirigidos en juzgados y tribunales de Cataluña.
La incertidumbre prevalece
Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. La única condición es que un juez dude de el encaje de la norma en el derecho europeo -en cuyo caso acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- o en la Constitución -en cuyo caso acudirá al Tribunal Constitucional-. Según fuentes consultadas, es probable que el Tribunal Supremo decida acudir en primer lugar al TJUE, dado que el derecho europeo prevalece sobre el nacional.
El mecanismo es la cuestión prejudicial, a través de la cual se pregunta al tribunal si una norma, o una parte concreta de la misma, encaja en la legislación europea. ¿Qué ocurre en este caso? Que el Tribunal Supremo paralizará la aplicación de la ley de amnistía hasta obtener una respuesta del TJUE.
Fuentes consultadas señalan que el Supremo podría preguntar al tribunal europeo si la amnistía encaja en el derecho de la Unión, pero también sobre el encaje del artículo cuatro en concreto. En ese supuesto, según las fuentes, el alzamiento de las medidas cautelares y las órdenes de detención quedaría paralizado hasta que el TJUE resuelva.
La cuestión de inconstitucionalidad
En caso de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, tendrá la posibilidad -y el deber- de trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Así lo dicta el artículo 163 de la Carta Magna.
Sin embargo, si el juez ha dudado también sobre el encaje europeo de la ley y, en consecuencia, ha acudido primero al TJUE, deberá esperar a obtener respuesta antes de acudir al Tribunal Constitucional. Según datos facilitados por el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la UE tardó una media de 16,4 meses en tramitar cada uno de los 808 asuntos resueltos en 2022.
En todo caso, al Tribunal Constitucional no solo pueden acudir los tribunales. También pueden hacerlo las comunidades autónomas y los partidos políticos que tengan más de 50 diputados, en este caso, el PP. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este mismo jueves que los gobiernos autonómicos del Partido Popular van a presentar ya mismo un recurso de inconstitucionalidad para tratar de tumbar la ley.
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