La Audiencia Nacional anula la inhabilitación de Joana Ortega, exvicepresidenta de Cataluña, por el referéndum del 9 de noviembre
En un giro inesperado, la Audiencia Nacional ha decidido anular la inhabilitación de Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, impuesta por su participación en el referéndum independentista del 9 de noviembre de 2014. Esta resolución supone un triunfo para la defensa de Ortega, quien había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un período de 18 meses. La sentencia de la Audiencia Nacional anula la anterior condena y declara que la exvicepresidenta no cometió delito alguno al participar en la organización del referéndum. Este voto de confianza a Joana Ortega puede tener implicaciones políticas importantes en el escenario catalán.
La Audiencia Nacional anula inhabilitación de Joana Ortega, exvicepresidenta de Cataluña, por referéndum del 9N
Un juzgado de lo penal de Barcelona ha anulado la inhabilitación de la exvicepresidenta de la Generalitat y concejal de Junts en la capital catalana, Joana Ortega, en la causa por la que esperaba juicio por un delito de quebrantamiento de condena.
Acusada de burlar supuestamente la inhabilitación que se le impuso por el 9N, Ortega estaba a la espera de juicio por ejercer como asesora del Departamento de Empresa mientras estaba inhabilitada, entre mayo y octubre de 2019. La Fiscalía pedía una multa de 30.000 euros por un delito de quebrantamiento de condena.
El juzgado de lo penal número 10 de Barcelona ha acordado el archivo definitivo de la causa abierta contra Ortega al considerar que entra en los supuestos de la ley de olvido, en contra del criterio de la Fiscalía, que entendía que su caso no era amnistiable.
La causa amnistiada se refiere a la consulta del 9N en 2014, en la que Ortega, junto al expresident Artur Mas y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, fue condenada por desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudió aplicar la amnistía a los tres condenados por la consulta del 9N, pero concluyó que era inviable dado que ya han cumplido las penas de inhabilitación impuestas y también están cancelados sus antecedentes.
Fue el propio TSJC el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que había burlado la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa.
En su declaración ante la juez instructora que la investigaba, la exvicepresidenta alegó que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público.
Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Govern, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba en octubre de 2019, aunque la dio por cumplida en julio de 2020.
El Parlament se ha unido para pedir la aplicación sin más dilaciones de la amnistía y una financiación singular de la que Junts se aparta.
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