En un comunicado oficial, la autoridad competente ha anunciado la anulación de las licencias de dos establecimientos gastronómicos ubicados en los distritos de Arganzuela y Chamartín, debido a la grave incumplimiento de los estándares de seguridad y higiene necesarios para garantizar la salud y bienestar de los clientes. Los establecimientos en cuestión han sido considerados peligrosos e insalubres, ya que no han cumplido con las normas y regulaciones establecidas para la industria gastronómica. Esta decisión ha sido tomada con el fin de proteger la salud pública y prevenir posibles riesgos para los consumidores. A continuación, se presentará un informe detallado sobre las razones detrás de esta medida y las consecuencias para los propietarios y empleados de los establecimientos afectados.
Dos establecimientos gastronómicos en Arganzuela y Chamartín cierran por insalubridad y peligrosidad
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 ha ordenado el cierre de dos cocinas fantasma situadas en Paseo Imperial 6 y en Canillas 18, en los distritos de Arganzuela y Chamartín, respectivamente. La medida se ha tomado después de considerar que los establecimientos no cumplen con las normas de seguridad y higiene.
La decisión judicial se basa en las sentencias que dan la razón parcialmente a la comunidad de propietarios de Paseo Imperial, 4, 6 y 21, y a la Asociación de Vecinos contra las Cocinas Industriales y a la comunidad de propietarios de la calle Quintiliano. Ambas sentencias consideran que los establecimientos son molestos, insalubres, nocivos o peligrosos y que el Ayuntamiento de Madrid ha incurrido en dejación de su deber al no tramitar el procedimiento de evaluación ambiental ni calificar adecuadamente la actividad.
En el caso de la cocina fantasma de Paseo Imperial 6, el juzgado considera que la licencia urbanística se concedió únicamente con un certificado de conformidad urbanística de la entidad colaboradora, pero sin una preceptiva evaluación ambiental y sin los informes técnicos y jurídicos de control. Además, el control de cumplimiento normativo municipal se efectuó por una empresa privada y no por un funcionario público.
En cuanto a la cocina fantasma de Canillas 18, la sentencia también destaca que la actividad proyectada no solo implica preparar comidas sino también envasarlas, almacenarlas y distribuirlas a gran escala, lo que la convierte en una actividad que debe ser considerada molesta, insalubre, nociva o peligrosa.
Las sentencias no implican la imposición de costas y pueden ser recurridas por las partes afectadas. Sin embargo, el cierre de estos establecimientos gastronómicos supone un paso importante en la lucha contra la insalubridad y la peligrosidad en la ciudad de Madrid.
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