La Comunidad prohíbe la conversión de viviendas de protección pública en pisos turísticos

La Comunidad prohíbe la conversión de viviendas de protección pública en pisos turísticos

En un esperado y necesario paso para proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, la Comunidad ha decidido prohibir la conversión de viviendas de protección pública en pisos turísticos. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las viviendas subvencionadas por el Estado sean utilizadas para su fin original, es decir, proporcionar un hogar a las familias y personas que lo necesitan, en lugar de ser explotadas con fines lucrativos. Esta prohibición busca poner freno a la especulación inmobiliaria y proteger el patrimonio público destinado a la vivienda.

Protección pública prioriza: Comunidad prohíbe conversiones de viviendas en pisos turísticos

La Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva normativa para el control del alquiler turístico, que busca garantizar unos estándares de calidad y limitar los inmuebles que se pueden destinar a uso turístico. El objetivo es adaptar el marco legal de la región a las indicaciones de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre esta materia.

Prohibición de conversiones de viviendas de protección pública

Una de las novedades más destacadas es la prohibición de que las viviendas de protección pública se destinen a usos de hospedaje turístico. Además, se limita la utilización en los inmuebles donde se recoja esta limitación en los estatutos aprobados por la comunidad de vecinos.

Requisitos y niveles de calidad

El decreto que prepara el Gobierno regional establecerá una serie de requisitos y niveles de calidad que deberán cumplir todas las viviendas que se destinen para este uso. Aunque no se han concretado aún cuáles serán estos estándares de calidad, estarán relacionados con la limpieza, espacio habitable, climatización y otras prestaciones.

Declaración responsable y exigencias de los ayuntamientos

Otro de los cambios más significativos establece que serán los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico los que deban presentar la declaración responsable para poder iniciar la actividad en lugar de los propietarios de la vivienda. Además, serán los ayuntamientos los encargados de fijar las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas.

Reforzamiento de la inspección y endurecimiento de sanciones

Además de estos cambios legales, el Ejecutivo regional reforzará el control con aumento de los efectivos dedicados a esta actividad. En la actualidad, la administración autonómica cuenta con 16 equipos que se dedican a inspeccionar este tipo de licencias, y se sumarán otros 17 trabajadores, donde se incluyen los cuatro asignados para aplicar el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre el alquiler de corta duración.

Endurecimiento de las penas

La Comunidad en la modificación normativa endurecerá las penas incrementando las cuantías de las multas para aquellos propietarios reincidentes que se salten la legalidad. En paralelo, se reforzarán los canales de intercambio de información y colaboración con todos los municipios de la región.

Control y colaboración con los municipios

Ante el crecimiento de turistas y el aumento de pisos turísticos en paralelo, administraciones locales como el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido la concesión de nuevas licencias y endurecido las sanciones de manera temporal hasta aprobar una nueva regulación. Sin embargo, asociaciones vecinales solicitaron medidas adicionales, ya que, afirman, muchos de estos inmuebles operan sin los permisos requeridos.