La iniciativa popular para reducir copagos en dependencias llega al Congreso: Algunos pacientes pagan hasta el 90% de los gastos médicos

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La iniciativa popular para reducir copagos en dependencias llega al Congreso: Algunos pacientes pagan hasta el 90% de los gastos médicos

En un contexto en el que la salud y la atención médica son derechos fundamentales, una iniciativa popular busca reducir significativamente los copagos que deben pagar los pacientes en dependencias. Esta propuesta, que ya ha llegado al Congreso, busca abordar una situación que afecta a miles de personas que, en muchos casos, se ven obligadas a asumir hasta el 90% de los gastos médicos. Esta carga económica puede ser devastadora para muchos, lo que hace que sea imperativo encontrar una solución que garantice el acceso a la atención médica de calidad para todos. A continuación, se analizarán los detalles de esta iniciativa y su posible impacto en la salud y el bienestar de la sociedad.

La iniciativa popular para reducir copagos en dependencias llega al Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota hoy la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con los copagos confiscatorios en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Esta admisión llega después de que el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, compareciera en el Congreso para pedir que se tomara en consideración esta propuesta después de varios años. La ILP contempla la eliminación del copago de los servicios que se prestan a través de la ley de dependencia, que actualmente se aplica a rentas iguales o superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 600 euros al mes.

La ley de dependencia: un sistema que favorece la desigualdad

La ley de dependencia: un sistema que favorece la desigualdad

La situación actual provoca un copago exacerbado, grandes diferencias entre territorios y no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra, por lo que expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales, según Luis Cayo Pérez.

La ley es demasiado rígida y debería ser más flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona. El Libro Blanco de 2004 y 2005, utilizado como base de la futura ley, estimó que un tercio de la financiación del sistema debería proceder del Estado, otro tercio, de las comunidades autónomas, y el resto por los particulares, pero no se sabe si esto es así.

La espera para acceder a servicios de dependencia: 323 días, un tiempo que puede ser fatal

Una persona tiene que esperar, de media, 323 días para ser valorada para acceder a los servicios de la 'ley de dependencia'. Esto crea frustración y situaciones que no permiten a las personas llevar una vida digna.

La media de espera en España para conseguir una valoración es del casi 11 meses, y algunas comunidades autónomas superan esos once meses. Esto es un tema muy preocupante, ya que hay personas que quieren entrar en el sistema, y no pueden, porque fallecen antes.

La reforma de la dependencia: un paso hacia la igualdad y la autonomía personal

La ILP propone elevar el límite de renta para que no se tenga que pagar copago, y que el copago en ningún caso supere el 60% del coste del servicio. También se busca asegurar siempre el 40% del IPREM como renta disponible, y que no se tenga en cuenta el patrimonio a la hora de establecer estos copagos.

Además, se propone ampliar algunos de los servicios que plantea la ley, como los servicios de ayuda en el domicilio, que son insuficientes, y por supuesto, habría que elevar las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el tema del asistente personal, que se tiene que fomentar, etc.

En definitiva, mucho por hacer en un sistema que, desde Cermi alertan, tal y como está ahora, corre el riesgo de colapsar.

Jorge Gutiérrez

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