La justicia belga impone medida cautelar de embargo a Enaire por una deuda de 32 millones de euros por arbitrajes renovables

La justicia belga impone medida cautelar de embargo a Enaire por una deuda de 32 millones de euros por arbitrajes renovables

En un golpe inesperado para la empresa española Enaire, la justicia belga ha decidido imponer una medida cautelar de embargo a la empresa debido a una deuda pendiente de 32 millones de euros. Esta deuda surge como consecuencia de varios arbitrajes renovables que Enaire no ha podido solventar. Esta medida cautelar supone un grave revés para la empresa, que ya se encontraba en una situación financiera delicada. La imposición de esta medida cautelar de embargo puede tener consecuencias graves para la viabilidad económica de Enaire en el futuro.

Justicia belga impone medida cautelar de embargo a Enaire por deuda de 32 millones de euros

La justicia belga ha autorizado el embargo de los pagos que se realizan mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, para saldar una deuda de 32 millones de euros con la empresa denunciante Blasket Renewable Investments, relacionada con los arbitrajes renovables.

La deuda acumulada por el Estado con la empresa denunciante es de 32 millones de euros, que se han incrementado en cuatro millones de euros debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso en concepto de condenas en costas, lo que hace que la factura acumulada por esta disputa ronde los 41 millones de euros.

La justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos

La justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos, que ya habían autorizado el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, en el contexto de los impagos de los arbitrajes por los recortes de las primas a las renovables.

La Abogacía del Estado ha gastado unos 70 millones de euros para su defensa, mientras que España adeuda casi 1.562 millones entre las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.

Fallo contundente de la Corte de Apelaciones de Bélgica

El juez Degreef ha señalado que los artículos 1412 y 1539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. El fallo concluye que el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado.

Considera asimismo que no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables. Añade también que nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores.

Otras decisiones judiciales en contra de España

El Tribunal Supremo de Londres también decretó en abril tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres.

Meses antes, en agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron también una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el Gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED.

Asimismo, en noviembre, avalaron el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros.

La Justicia de EEUU también cuestiona la defensa española

La Justicia de EEUU también ha cuestionado la defensa española para no pagar los laudos y ha abierto la puerta a posibles embargos allí.

España acumula laudos pendientes por encima de países como Venezuela o Rusia

España acumula laudos pendientes por encima de países como Venezuela o Rusia. Los inversores reclaman al Estado alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros) bajo el amparo de los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España.

Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros). No obstante, los representantes legales de las compañías han advertido de que la cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.

España se opondrá a la decisión judicial belga

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol.