La justicia reafirma la suspensión del plan de atención a menores migrantes en Canarias
En un nuevo revés para el Gobierno canario, la justicia ha decidido reafirmar la suspensión del plan de atención a menores migrantes en las islas. Esta medida, que había sido impugnada por la administración autonómica, ha sido considerada ilegal por los jueces, quienes argumentan que no se han cumplido los requisitos necesarios para su implementación. Esta sentencia supone un contratiempo para las autoridades canarias, que habían diseñado este plan para atender a las necesidades de los menores no accompagnados que llegan a las costas canarias. Ahora, la atención a estos menores se verá interceptada por esta decisión judicial.
La justicia reafirma suspensión del plan de atención a menores migrantes en Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido mantener la suspensión cautelar del protocolo de menores migrantes de la comunidad autónoma, tal y como había solicitado el Gobierno de Canarias en su escrito de alegaciones ante la decisión tomada el 20 de septiembre.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, hecho público este lunes, incide en que se trata de una resolución urgente y excepcional derivada de la vulnerabilidad de los menores y con el fin de garantizar su máxima protección.
Situación de desamparo
La Fiscalía defiende que, si se levanta la suspensión cautelar, los menores quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo e invoca la aplicación del criterio de la apariencia del buen derecho; la valoración de los intereses en conflicto; la pérdida de la finalidad legítima del recurso así como la falta de perturbación grave a los intereses generales.
Además, se destaca que la capacidad de acogida de menores migrantes en Canarias ha sido desbordada notoriamente y las cifras no hacen sino aumentar, con cerca de casi 6.000 menores a cierre del mes de septiembre.
Lealtad institucional
La Sala asume que se requiere una lealtad institucional y una interacción mucha más intensa entre las administraciones, ya que no basta con la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Infancia.
También se cuestiona el reproche que se le hace al TSJC en el escrito de alegaciones por tomar una supuesta e inequívoca toma de posesión, por más que el protocolo autonómico sea innovador e introduzca cuestiones que no son intrascendentes.
Riesgo de desprotección
La Sala asegura que si se aplicara el protocolo territorial canario, hay una fundada y razonable sospecha de que con las medidas dispuestas puede ralentizarse el momento de entrega y recepción de los menores a las autoridades responsables, lo que repercute negativamente en sus derechos.
Por eso, impone mantener el actual 'statu quo', sabiendo que el protocolo es susceptible de ocasionar una demora en la entrega y recepción de los menores migrantes no acompañados y de que dicha demora puede repercutir negativamente sobre su esfera jurídica y el haz de derechos que les asisten.
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