La lucha contra la instalación de aerogeneradores en Galicia llega a la Unión Europea y pone en peligro la construcción de cientos de parques renovabl

La lucha contra la instalación de aerogeneradores en Galicia llega a la Unión Europea y pone en peligro la construcción de cientos de parques renovables en todo España

La controversia generada en torno a la instalación de aerogeneradores en Galicia ha alcanzado un nuevo nivel de complejidad. Tras las protestas y manifestaciones de los vecinos y organizaciones ecologistas, la lucha contra la instalación de estos parques eólicos ha llegado a la Unión Europea. Esta situación pone en peligro la construcción de cientos de parques renovables en todo el territorio español, lo que podría frenar significativamente el avance hacia una energía sostenible y renovable en el país.

La Unión Europea puede paralizar la construcción de cientos de parques renovables en España

Una protesta contra la instalación de cuatro aerogeneradores en el término municipal de Mazaricos (A Coruña) puede poner en peligro la tramitación de cientos de parques de energía renovable en toda España, así como otros proyectos tan diversos como la construcción de carreteras, de líneas de ferrocarril o de piscifactorías.

Todos podrían quedar paralizados si el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) da la razón a una asociación ambientalista que lleva años pleiteando contra un proyecto de parque eólico llamado A Ruña III, que de momento ha supuesto la paralización de otro centenar en Galicia y ha escalado a instancias europeas en un contencioso que el sector renovable y el propio Ministerio de Transición Ecológica contemplan con los dedos cruzados.

La lucha contra los aerogeneradores en Galicia llega al Tribunal de Justicia de la UE

El origen de este posible efecto dominó está en un recurso judicial de 2022 contra una decisión administrativa y el fondo tiene que ver con la regulación referente a la participación pública en la autorización de proyectos renovables y en la regulación relativa a las declaraciones de impacto ambiental.

Es precisamente esto lo que en estos momentos está examinando el Tribunal de Justicia de la UE, si la legislación gallega y la estatal están en línea con la normativa europea.

El proyecto 'A Ruña III' pone en peligro la construcción de parques eólicos en España

Todo empezó en junio de 2022, cuando la asociación Petón do Lobo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia el silencio administrativo que la Xunta había arrojado sobre su impugnación del proceso de autorización administrativa del parque A Ruña III.

Alegaba que, como parte afectada como reconoce la ley a asociaciones como la suya, no se les habían facilitado los informes sectoriales en materia de agua, bosques o patrimonio natural y cultural, turismo, salud o seguridad aérea sobre el proyecto.

La asociación Petón do Lobo pleitea contra la instalación de aerogeneradores en Galicia y pone en cuestión la construcción de parques renovables en España

No hemos tenido acceso a los informes sectoriales, las asociaciones también somos público interesado y tenemos derecho a ser consultados, explica la abogada de la asociación, que distingue entre la información accesible a todo el mundo y la que deberían haber tenido como parte afectada y distinta al concepto de público que les reconoce la ley de Evaluación Ambiental de 2023.

La cuestión prejudicial busca que el Tribunal europeo diga si está de acuerdo con la opinión que manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de la ley estatal que regula las declaraciones ambientales desde 2013 es contraria a la directiva europea relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El motivo, expone el tribunal gallego, es que la ley española no prevé un trámite posterior a la recepción de esos informes sectoriales en el que se ofrezca al público interesado la posibilidad real de participar.

Plantea la duda de que tanto la ley estatal de 2013 como la gallega de 2009 podrían no haber traspuesto adecuadamente lo exigido en la directiva y le pide que se pronuncie.

82 parques gallegos y 282 en toda España podrían quedar paralizados si el Tribunal de Justicia de la UE da la razón a la asociación Petón do Lobo.

La Xunta pidió sin éxito que la cuestión prejudicial al TUE se tramitara como procedimiento acelerado debido a que existen 202 litigios sobre autorizaciones de construcción de 82 parques eólicos en Galicia, tramitados todos ellos con la mismas leyes que pone en duda el Tribunal Superior.

El sector calcula que la respuesta de Luxemburgo podría tardar hasta dos años, un tiempo durante el que permanecerán paralizados los proyectos gallegos y que podría ser suficiente para, en el peor de los casos que contempla el sector y el Gobierno, para paralizar hasta 282 nuevos parques eólicos y fotovoltaicos que en julio de este año obtuvieron autorización para empezar su construcción después de obtener una declaración de impacto ambiental bajo la ley de 2023 que ahora queda en entredicho.

La ley les da hasta tres años para empezar a funcionar y antes podría llegar un pronunciamiento del TUE eventualmente contrario a las normas con las que obtuvieron luz verde ambiental.

Podrían quedar en el aire parques renovables con los que cuenta el Gobierno para sumar una potencia instalada de 27,5 GW, equivalentes a la mitad de la que ya existe, para cumplir con sus ambiciosos objetivos renovables plasmados en la nueva estrategia energética para 2030.

Con ellos, además, Transición Ecológica calculaba que se crearían unos 300.000 puestos de trabajo.

Esta situación es la consecuencia más extrema que contempla el Ministerio, porque reconoce que pondría en cuestión todo lo que se está tramitando en estos momentos.

Sin embargo, de momento se mantiene a la espera de conocer los términos de la respuesta que dé el Tribunal de la UE.

En el peor de los escenarios, sin embargo, fuentes del departamento de Ribera admiten que este proceso, que empezó con la impugnación de la autorización de un parque formado por cuatro aerogeneradores, podría ser terrible y que crearía muchísima incertidumbre.

En el sector renovable, los ánimos basculan entre la gran preocupación por lo que pueda decir el TUE y la esperanza de que la posibilidad de que queden impugnados todos los proyectos en tramitación es mínima y en el Tribunal Supremo, que aun podría tener la última palabra en el posterior fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.