La negociación de la jornada laboral avanza hacia un nuevo hito, pero sin posibilidades de aplicación en 2024

La negociación de la jornada laboral avanza hacia un nuevo hito, pero sin posibilidades de aplicación en 2024

La negociación de la jornada laboral ha alcanzado un nuevo punto de inflexión en su camino hacia una reforma integral. Después de meses de debates y conversaciones entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno, se ha logrado un importante avance en la definición de las nuevas condiciones laborales. Sin embargo, y a pesar de este progreso, la aplicación de estas medidas no será posible en 2024, según han asegurado fuentes cercanas a la negociación. La razón principal es la necesidad de adecuar la legislación vigente y realizar los ajustes necesarios para implementar los cambios. Aunque la noticia puede parecer decepcionante para algunos, es importante destacar que se trata de un paso adelante significativo en la búsqueda de una jornada laboral más justa y equilibrada.

La vicepresidenta Díaz intenta acercar posiciones con la patronal y sindicatos, pero el calendario de aplicación de la jornada laboral se retrasa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado un giro a las conversaciones con la patronal y los sindicatos para tratar de acercar posiciones en la negociación de la jornada laboral.

La reducción de la jornada laboral, que se estableció en 38,5 horas semanales para 2024 y 37,5 horas en 2025 en el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Sumar, parece que se retrasará en su aplicación. La prioridad ha pasado a ser reunir los apoyos suficientes, lo que ha llevado a dejar en un segundo plano el calendario original.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha manifestado que los empresarios no se sienten atados por los plazos establecidos por el Gobierno, a pesar de reconocer que la última propuesta de Trabajo daba pie a una verdadera negociación.

Una nueva propuesta ha sido llevada a la mesa por el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, que incluye un período transitorio en el que las empresas podrían calcular las horas de libre distribución sobre el horario que tuvieran antes de aplicar las 37,5 horas que entrarían en vigor en 2025.

La propuesta también incluye una agravante en las sanciones por incumplimiento de la jornada si este había afectado gravemente a la salud de los trabajadores, que podría alcanzar los 984.000 euros en los supuestos más graves.

La patronal cree que es fundamental que se respeten los convenios que están en vigor y sugieren retrasar la aplicación de la medida hasta que venzan los diferentes acuerdos laborales, ya que reducir el número de horas de trabajo y mantener la remuneración implicaría una subida salarial que excedería la acordada en su momento.

Los sindicatos también han tenido que adaptar sus intervenciones al giro presenciado en la mesa de negociación, por lo que están dispuestos a retrasar la entrada en vigor si así se consigue el respaldo de los empresarios.

El camino hacia un acuerdo parece abierto, pero no sitúa a las partes mucho más cerca de un acuerdo, lo que deja al Ejecutivo sin margen para cumplir con lo reflejado en el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar.

En el caso de que patronal y sindicatos dieran su respaldo al texto, podría ser aprobado en Consejo de Ministros como real decreto-ley y acelerar su implementación. De lo contrario, iría como proyecto de ley, lo que extendería la tramitación al menos tres meses.

En todo caso, si Trabajo persiste en su intento por convencer a la CEOE, es improbable que el texto pueda cerrarse rápido, ya que hay una segunda pata de la reforma que se refiere al control de la jornada de trabajo, sobre la que las patronales ni siquiera han fijado una posición interna.