La pobreza se cuela en las casas de un tercio de las familias con discapacidad, debido a la carencia de apoyos públicos efectivos.

La pobreza se cuela en las casas de un tercio de las familias con discapacidad, debido a la carencia de apoyos públicos efectivos.

Un alarmante informe revela que un tercio de las familias con miembros con discapacidad enfrentan situaciones de pobreza en sus hogares. La principal causa de este problema es la carencia de apoyos públicos efectivos, que impiden que estas familias accedan a los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que las personas con discapacidad ya enfrentan barreras significativas para integrarse en la sociedad. Es hora de que los gobiernos y las instituciones tomen medidas para brindar el apoyo necesario a estas familias y garantizar su dignidad y bienestar.

Pobreza y precariedad: la realidad de un tercio de las familias con discapacidad en España

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Plena Inclusión se une a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) para denunciar la situación de precariedad en la que viven miles de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

La falta de apoyos públicos y el sobreesfuerzo económico que estas familias deben asumir para cubrir las necesidades cotidianas de sus seres queridos las condena muchas veces a una situación de pobreza estructural.

Un tercio de las personas con discapacidad en riesgo de pobreza

Según el Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2023, la EAPN alerta que el 30% de las personas con discapacidad en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 22,7% de la población sin discapacidad. Para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, esta cifra es aún más alarmante debido a las barreras adicionales a las que se enfrentan.

Baja inserción laboral, un factor clave de la precariedad

Desde Plena Inclusión, se señala que la baja inserción laboral se ha convertido en uno de los factores clave que perpetúan esta precariedad. Según el último informe del INE, solo el 23,8% de las personas con discapacidad intelectual tienen empleo, una cifra que está 44,8 puntos por debajo del resto de la población. Además, la tasa de actividad de este colectivo alcanza apenas el 35%, lo que refuerza la necesidad urgente de medidas que faciliten su acceso igualitario al mundo laboral.

Sobrecoste familiar y pérdida de prestaciones

A esta falta de oportunidades laborales se suma el sobrecoste familiar, un fenómeno que refleja el impacto económico que supone el apoyo constante a las personas con discapacidad intelectual. Según un estudio de Plena Inclusión, este sobrecoste asciende a una media de 27.000 euros anuales por familia. Y, por si fuera poco, hay que añadir los efectos colaterales de la Ley 8/21 (modificación legislativa sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual) pueden dejar a las personas y a las familias en una situación aún más precaria debido a la pérdida de prestaciones y beneficios fiscales.

Denuncia y demandas

Es inadmisible que miles de familias que ya enfrentan el desafío de cuidar y apoyar a personas con discapacidad intelectual tengan que verse abocadas a la pobreza por la falta de apoyos públicos adecuados, denuncia Enrique Galván, director de Plena Inclusión. Pedimos al Gobierno medidas urgentes para garantizar recursos suficientes para estas familias que faciliten el acceso a la plena ciudadanía.

Entre las demandas históricas que Plena Inclusión reclama, destacan:

• Acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las familias con personas con discapacidad a su cargo.
• Compatibilización del IMV con la prestación por hijo a cargo en el caso de hijos e hijas con discapacidad, así como el aumento de esta prestación a 170 euros mensuales por hijo menor y hasta 570,2 euros para hijos con más de un 65% de discapacidad.

La falta de apoyos también se refleja en el acceso al sistema educativo, a prestaciones sociales y ayudas. Plena Inclusión insta a las administraciones públicas a priorizar estas necesidades y garantizar un acceso igualitario y digno para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.