La polémica rebaja de penas a etarras desatada por PSOE y Sumar genera una gran tormenta política en España
En un contexto político ya de por sí tenso, la reciente reforma penitenciaria impulsada por el gobierno del PSOE y el partido Sumar ha desatado una tormenta política sin precedentes en España. La medida, que busca reducir la pena de prisión para los miembros de la organización terrorista ETA, ha generado un gran rechazo entre la sociedad española y ha dividido al espectro político. La oposición ha calificado la iniciativa como un «indulto encubierto», mientras que los defensores de la reforma argumentan que se trata de una medida necesaria para «cerrar heridas del pasado» y avanzar en el proceso de reconciliación. Sin embargo, la polémica no parece tener visos de calmarse, y la controversia sigue generando un intenso debate en los círculos políticos y sociales del país.
La reforma legal que rebaja penas a etarras provoca una gran controversia en España
Una reforma legal aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre ha generado una gran tormenta política en España. La modificación de la ley que regula el intercambio de antecedentes penales en la UE, presentada por el Gobierno y aprobada sin objeciones, implica la rebaja de penas a casi medio centenar de etarras, entre ellos, Javier García Gaztelu, conocido como
El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) y Sumar defendieron que esta modificación del proyecto de ley solo transpone y aplica la normativa de la UE sobre el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Sin embargo, el Partido Popular (PP) y Vox consideran que el Gobierno falta a la verdad porque en dicha directiva europea no se contemplaban los aspectos que han sido modificados.
Según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la aprobación de esta modificación implicaría que 45 miembros de ETA puedan descontar las penas que han cumplido en Francia e incluso algunos podrían ser excarcelados en los próximos meses.
Reacciones políticas
El PP se ha propuesto revertir lo que consideran una jugarreta del Gobierno y van a posponer este martes la votación en el Senado. Vox ve margen de solución. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró que el Gobierno falta a la verdad y que la directiva europea no contemplaba los aspectos modificados.
Por su parte, Sumar asegura que su modificación no hace más que corregir una discriminación que había en la legislación española, ya que el resto de europeos pueden disfrutar de unos beneficios de ejecución en su condena a los que no tenían derecho los españoles.
El PSOE también defiende las enmiendas de Sumar, que a su juicio compartían los propósitos de actualización y mejora de la seguridad jurídica en relación con la consideración de las penas en otros Estados miembros.
Reacción del Gobierno
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, optó por desentenderse de esta cuestión y aseguró que lo único que hace la modificación es garantizar que se aplique la directiva europea.
El PP solo se explica que el Congreso aprobara por unanimidad esta reivindicación de Bildu por un error generalizado del que responsabiliza únicamente al Gobierno.
Por este motivo, el PP anunció que retirará del orden del día del pleno previsto para este martes en el Senado el proyecto de ley, con el fin de ganar tiempo para elevar la presión sobre el PSOE para que utilice su potestad para retirar esta reforma legal.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se disculpó este lunes con la presidenta de la AVT por su error.
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