La Policía revela que durante el mandato de Rajoy, se llevó a cabo investigación en bases policiales sobre 55 diputados de Podemos
En un escándalo político que sacude la clase política española, la Policía Nacional ha revelado que, durante el mandato de Mariano Rajoy, se llevó a cabo una investigación en las bases policiales sobre 55 diputados del partido político Podemos. Esta noticia ha generado un gran impacto político y ha sido objeto de debate en los últimos días. Según fuentes cercanas a la investigación, se trataba de una operación destinada a recopilar información sobre los diputados de la formación política de izquierda, lo que ha generado un gran malestar entre los miembros de Podemos. En los próximos días, se esperan nuevas revelaciones sobre este caso que sigue generando mucha polémica.
Policía Nacional investigó a diputados de Podemos durante el mandato de Rajoy
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de Podemos.
Según documentos, se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior. La Unidad de Informática y Comunicaciones elaboró una certificación de consultas realizadas en las bases de datos policiales, indicando tanto el funcionario como la fecha y hora de la consulta.
Quiénes fueron investigados
Entre los diputados investigados se encuentran nombres como el del que fuera secretario general de Podemos Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad Irene Montero, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
También figuran nombres como el del portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el que fuera diputado por Compromís Joan Baldoví, la exdiputada Carolina Bescansa o el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
La querella de Podemos
Este informe ha sido aportado al procedimiento que el juez Pedraz abrió el pasado febrero, cuando admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación 'morada'.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las fuentes policiales para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento falsario de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Auto del juez Pedraz
En su auto, el juez Pedraz explicaba que una vez examinada la querella y verificado que algunos de los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional y constitutivos de infracción penal procedía su admisión, aunque de forma parcial.
En cuanto a los hechos y personas que inadmitía, el magistrado afirmaba que del relato de la querella no aparecía de forma sustentada que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se imputa.
Pidió información a García Castellón sobre las diligencias relativas al examen del contenido de los mensajes que hubiera en el móvil de Francisco Martínez.
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