En un informe reciente, La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emitido un comunicado oficial en el que descarta que los manteros representen un riesgo para la seguridad pública en la ciudad. Esta conclusión se ha alcanzado después de una exhaustiva evaluación de la situación, en la que se han analizado las actuaciones de los manteros en diferentes zonas de la ciudad. Según la Sindicatura, no existen indicios que sugieran que los manteros supongan un peligro para la integridad física o la protección de los ciudadanos. Esta noticia es de gran relevancia para la comunidad barcelonesa, ya que pone fin a una controversia que ha generado debate en la opinión pública durante meses.
La Sindicatura de Greuges descarta riesgo de seguridad pública entre manteros en Barcelona
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la venta ambulante irregular, ejercida por los conocidos como manteros, no representa un riesgo para la seguridad pública en la capital catalana. Según la institución, la gestión municipal actual no garantiza los derechos humanos de este colectivo y, por el contrario, contribuye a estigmatizarlos y perpetuar su mala situación.
La venta ambulante no es un problema de orden público, según la Sindicatura, que ha argumentado que las medidas impuestas por el Ayuntamiento solo desde la óptica punitiva por la ocupación del espacio público únicamente agravan la situación. La institución ha propuesto una serie de recomendaciones al consistorio, como promover una mesa que represente a todos en la ciudad, la posibilidad de elaborar un censo de las personas que practican la venta irregular y reactivar programas estratégicos donde se intervenga de manera integral sobre la situación de los manteros.
La gestión policial y las sanciones impuestas
La Sindicatura ha cuestionado la estrategia policial actual, que busca ampliar el número de patrullas de la Guardia Urbana en los puntos turísticos donde frecuentan habitualmente los manteros. Según la institución, esta medida solo busca evitar la instalación de los manteros y ofrecer una imagen de seguridad y tranquilidad, pero no aborda el problema de fondo.
Además, la Sindicatura ha considerado que las sanciones impuestas por la policía, que han aumentado un 30% desde la puesta en vigor del Pla Endreça, caren de sentido, ya que solo un 3,46% llegan a abonarse. A su parecer, el impago de estas multas solo es un reflejo de la ineficacia de este método y de sus pocos efectos disuasivos.
La Sindicatura ha destacado que es necesario abordar la problemática desde la óptica de los derechos de la ciudadanía, permitiendo la inclusión social del colectivo. Según datos del Ayuntamiento, la media de los manteros no supera los 45 años y son hombres sin perfil delincuencial, que pese a llevar viviendo en la ciudad desde hace años, no gozan de los derechos más básicos, además de sufrir constante discriminación social.
Por estos motivos, ha asegurado que es necesario conseguir la regularización administrativa para que puedan acceder al mercado laboral y conseguir abandonar la venta ambulante. La Sindicatura ha pedido al Ayuntamiento que cambie su enfoque y busque soluciones que permitan la integración de los manteros en la sociedad.
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