La subvención para alquiler de viviendas para pensionistas permanece inamovible en 525 euros anuales durante 12 años consecutivos

La subvención para alquiler de viviendas para pensionistas permanece inamovible en 525 euros anuales durante 12 años consecutivos

La subvención para alquiler de viviendas destinada a pensionistas mantiene su valor inalterable en 525 euros anuales, lo que supone un alivio para miles de personas que dependen de esta ayuda para hacer frente a los gastos de alojamiento. Esta medida, que se mantiene sin cambios durante 12 años consecutivos, tiene como objetivo brindar estabilidad y seguridad a los pensionistas que más lo necesitan, permitiéndoles acceder a una vivienda digna y asequible.

La subvención para alquiler de viviendas para pensionistas se mantiene inamovible en 525 euros anuales

El precio de la vivienda en alquiler no ha dejado de crecer en los últimos años, y aunque inicialmente la presión se centró en las grandes ciudades, este fenómeno se ha extendido a las principales capitales de provincia y la media del país ya ha alcanzado los 1.106 euros al mes, según los datos del segundo trimestre publicados por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

El alza ha presionado el bolsillo de los trabajadores y ha sido uno de los elementos que han impulsado las actualizaciones salariales después de la pandemia, mientras que los pensionistas -que sí han visto mejorada su nómina de acuerdo con el IPC- perciben una ayuda que lleva 12 años congelada. El 'complemento de pensión para el alquiler de vivienda' está regulado por el real decreto 1191/2012, entonces impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la intención de mantener la prestación que había puesto en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fue entonces cuando quedó fijada la cuantía de 525 euros anuales (que equivalen a 43,75 euros mensuales, aunque se abona en único pago) y desde entonces, los diferentes Presupuestos Generales del Estado han mantenido congelada la ayuda destinada a las personas que perciben una pensión no contributiva por jubilación o invalidez (7.250,60 euros al año), que residan en una vivienda en alquiler y no tengan una en propiedad.

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar los PGE de 2023 para el actual ejercicio confirmaba que esta situación se extendería durante al menos un año más, sin que esta materia haya sido objeto de debate político. Esta prestación está gestionada en la práctica en por las comunidades autónomas, a pesar de que se trata de un área que controla el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del que depende el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Por lo que la no actualización de la ayuda responde a una decisión política, dado que en 2007 -en el momento de su creación- ascendía a 350 euros. Doce años después de la aprobación de la normativa vigente, se aprecia un incremento de cerca del 45% en la cuantía mensual de la pensión no contributiva, desde los 5.007,80 euros anuales de 2012 a los 7.250 de 2024.

En cambio, los precios de la vivienda en alquiler lo han hecho más, tal y como refleja uno de los principales portales especializados, Idealista. En agosto de 2012 el precio medio por metro cuadrado en España era de 7,9 euros; en agosto de 2024 el promedio había crecido hasta los 13,1 euros. Así, el precio de un piso de 800m2 ha pasado de los 632 euros a superar los 1.048 euros al mes, siendo este el promedio de todo el país.

Las pensiones no contributivas se reconocen a las personas que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho durante un periodo mínimo para generar el derecho a una de carácter contributivo y su cuantía se fija cada año a través de las cuentas públicas. En diciembre de 2023 el Gobierno acordó elevarlas un 6,9% para recortar la brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza, ya que en la reforma del sistema público de pensiones -negociada y aprobada entre 2021 y 2023- se acordó que estas nóminas representaran el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal para el año 2027.

Este porcentaje es superior a la subida experimentada por las pensiones contributivas del 3,8%, pero en algunas provincias puede no ser suficiente para sostener el incremento del precio del alquiler. De acuerdo con la ley de Vivienda, durante los años en los que esté en vigor un contrato de alquiler (cinco por defecto) el precio de la renta solo se podrá elevar en la medida en la que lo hayan hecho los precios al consumo -medidos por el IPC medio del año anterior-. Pero pasado este periodo o al cambiar de inquilinos los propietarios pueden poner el precio que deseen, por lo que en Andalucía el precio ha crecido un 9,5% en el último año y en la Comunitat Valenciana lo ha hecho un 13,3%.