La tensión entre el Ejecutivo y sus aliados pone en riesgo el funcionamiento del plan antibullying de Pedro Sánchez

La tensión entre el Ejecutivo y sus aliados pone en riesgo el funcionamiento del plan antibullying de Pedro Sánchez

En un contexto de creciente tensión política, el plan antibullying del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación crítica. La falta de consenso entre el Ejecutivo y sus aliados políticos amenaza con paralizar la implementación de esta iniciativa, considerada clave para abordar el problema del acoso escolar en España. La discordia entre los partidos que apoyan al Gobierno puede tener consecuencias graves para el funcionamiento del plan, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en los centros educativos. En este escenario de incertidumbre, la opinión pública se pregunta si el plan antibullying de Pedro Sánchez logrará superar los obstáculos políticos y alcanzar sus objetivos.

Conflictos entre el Ejecutivo y sus aliados ponen en riesgo el plan antibullying de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados. Europa Press/Eduardo Parra

Cuando se cumple un año desde las elecciones del 23 de julio, el Gobierno de coalición vuelve a ver comprometida la estabilidad de la legislatura con un paquete de medidas a consensuar con los distintos grupos de la Cámara, cada uno con sus filias y sus fobias y también con sus reclamos.

Dos ministros, Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar), son los encargados de emprender una negociación para llenar de contenido el plan antibullying que esbozó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Precisamente, esa falta de concreción es la baza con la que juega esta vez el Gobierno para intentar equilibrar sus apoyos parlamentarios.

La tensión en el Congreso pone en peligro el plan antibullying del Gobierno de coalición

El inicio de las negociaciones del Ejecutivo con todos los grupos ―excepto con Vox― coincide con el aniversario de la apertura de las urnas que dibujaron una aritmética complicada para gobernar. La investidura de Pedro Sánchez no llegó hasta el mes de noviembre, tras unas negociaciones ya convulsas con los que, tras aquella votación, se coronaron como sus socios parlamentarios.

Fueron necesarios múltiples pactos con siete formaciones políticas distintas: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. El más polémico fue el de la ley de amnistía, cuya tramitación y aprobación ha marcado este primer año legislativo del Gobierno.

Desde entonces, cada vez que los socialistas han querido aprobar una iniciativa en el Congreso han tenido que hacer encaje de bolillos con varios de estos socios a través de cesiones o cambios sustanciales en las iniciativas. De hecho, para acuerdos fundamentales como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PSOE ha tenido que recurrir al Partido Popular.

Negociaciones complicadas: el plan antibullying de Sánchez se ve amenazado por la discordia entre el Ejecutivo y sus socios

Comienzan las negociaciones del plan antibullying. Después de una no tan fácil negociación a nivel interno, la coalición emprende este lunes las conversaciones con los distintos grupos. Comenzará con PNV y Bildu.

Por parte de los jeltzales, ya vienen exigiendo la reforma de la ley de secretos oficiales y, en cuanto a la modificación de normas que afecten a los medios de comunicación, el portavoz del grupo, Aitor Esteban, ya advirtió a Sánchez en su comparecencia que habrá que hilar fino porque la democracia lo es porque permite incluso la libertad de expresión de quienes la atacan.

Bien distinta es la posición de Bildu, que señaló que las medidas propuestas por el presidente se quedaban cortas y las tildó de insuficientes para acercarse a un mínimo exigible de regeneración democrática.

Además, señaló que era un mal inicio el pacto con el PP para renovar el CGPJ, puesto que el partido de Feijóo es el principal valedor de esa estrategia de control, manipulación y juego sucio con la que el Gobierno quiere acabar.

La percha con la que pretende negociar el Ejecutivo con el Partido Popular es el reglamento comunitario sobre medios aprobado este mismo año por los principales grupos del Parlamento Europeo, incluido el PP. En ello se sustenta el plan de regeneración de Sánchez y es lo que utilizará para lograr aprobar las medidas pertinentes con el principal grupo de la oposición.

Más allá de las iniciativas europeas que cuentan con el visto bueno de los populares en Europa, pocas coincidencias hay entre los planes del PP y del PSOE sobre regeneración democrática. Quizás una de las propuestas de Sánchez en la que podrían coincidir es, por ejemplo, la de regular los debates electorales, algo a lo que se comprometió Feijóo en la campaña electoral de hace un año.

Aunque, por otro lado, el acercamiento al PP aleja a sus socios. Más allá de Bildu, fueron varios los colegas habituales del Gobierno, como ERC, Junts y Podemos, los que le reprochan el pacto para la renovación del CGPJ con el PP. Esto no deja de ser un aviso a navegantes de cara a negociaciones como la de este plan, en la que piden al PSOE que vuelva a los acuerdos dentro de la mayoría de investidura.

Además, los desequilibrios también se producen entre los mismos socios, ya que iniciativas como la de conocer las fuentes de financiación, los nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de los medios en Galicia puede que contente al BNG pero no tiene por qué hacerlo a ERC o a Junts.

Fuentes del Ejecutivo defienden que, por ejemplo, en el caso de Cataluña hay mucha transparencia respecto a la publicidad institucional, por lo que ven posible la reforma de la ley con el voto a favor de los partidos independentistas catalanes.

Pero ante el puzle de apoyos por resolver, tratan de ser prudentes con las medidas insistiendo en que todas deben ser aún negociadas y su tramitación se escalonará en función de los apoyos que tengan. En cualquier caso, recuerdan que trasponer el reglamento europeo es obligatorio para todos los Estados antes de agosto de 2025 y no descartan la figura del decreto para esquivar algún que otro embrollo parlamentario.