La Unión Europea condena duramente a España por limitar la indemnización a trabajadores víctimas de despido improcedente

La Unión Europea condena duramente a España por limitar la indemnización a trabajadores víctimas de despido improcedente

En un dictamen histórico, la Unión Europea ha condenado duramente a España por limitar la indemnización a los trabajadores víctimas de despido improcedente. La Comisión Europea considera que la legislación española en materia de despidos es contraria al derecho comunitario, ya que vulnera el principio de protección efectiva de los trabajadores. Según la UE, la normativa española establece límites excesivos a la indemnización que se les debe pagar a los trabajadores despedidos de manera improcedente, lo que atenta contra la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La UE condena a España por limitar indemnizaciones a trabajadores víctimas de despido improcedente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, enfrentan un nuevo toque de atención de Europa a España. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluye que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores en caso de despido sin causa justificada y, por tanto, infringe la Carta Social Europea.

La denuncia presentada por UGT alegaba que la situación en España constituye una violación del artículo 24 (derecho a la protección en caso de despido) de la Carta, debido a que el mecanismo de indemnización en caso de despido sin causa justificada previsto en la legislación nacional e interpretado por la jurisprudencia interna, no permite a las víctimas de despidos sin causa justificada obtener una indemnización adecuada que cubra los daños sufridos y tenga un efecto disuasorio para los empresarios.

En particular, el trabajador solo tiene derecho a una indemnización de oficio por ley que fija un tope máximo y no tiene en cuenta el perjuicio real sufrido. El CEDS recuerda que, en virtud del artículo 24.b de la Carta, los Estados partes deben reconocer el derecho de los trabajadores cuya relación laboral haya sido rescindida sin una razón válida a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada.

Por 13 votos contra 1, el CEDS concluye que existe una violación del artículo 24.b de la Carta. La decisión adoptada el 20 de marzo de 2024 es un llamado a la atención para el Gobierno español para que revise su legislación laboral y proteja los derechos de los trabajadores.

La Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales como contrapartida al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a los derechos civiles y políticos. La Carta garantiza una amplia gama de derechos humanos cotidianos relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social y el bienestar.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que España tiene la obligación de cumplir con la resolución marcada, y así lo hará. Buscará, dijo, una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa, siempre en el marco del diálogo social.

El Gobierno español debe ahora tomar medidas para cumplir con la resolución del CEDS y proteger los derechos de los trabajadores víctimas de despido improcedente. La decisión del CEDS es un llamado a la atención para que España revise su legislación laboral y garantice una indemnización adecuada para los trabajadores que son despedidos sin causa justificada.