La Unión Europea intensifica la presión a Rusia: no podrá solicitar compensaciones a los 27 por inversiones energéticas

La Unión Europea intensifica la presión a Rusia: no podrá solicitar compensaciones a los 27 por inversiones energéticas

En un nuevo capítulo de la guerra económica entre la Unión Europea y Rusia, la comunidad europea ha decidido intensificar la presión sobre el gobierno ruso. En este sentido, los 27 países miembros de la UE han acordado no admitir solicitudes de compensación por parte de Rusia por inversiones energéticas realizadas en el pasado. Esta medida se enmarca dentro de la política de sanciones económicas impuesta a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. La Unión Europea busca proteger sus intereses energéticos y evitar que Rusia aproveche la situación para obtener beneficios injustos.

La UE golpea de nuevo a Rusia: no podrá solicitar compensaciones a los 27 por inversiones energéticas

La Unión Europea (UE) ha decidido denegar a las inversiones rusas la protección que otorga el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Esta medida restrictiva también se aplicará a Bielorrusia.

Según la Decisión (UE) 2024/1852 del Consejo, de 25 de junio de 2024, consultada por La Información, la UE denegará los beneficios en virtud de la Parte III del Tratado sobre la Carta de la Energía a cualquier entidad jurídica que sea propiedad o esté bajo el control de ciudadanos o nacionales de la Federación de Rusia o de la República de Bielorrusia.

Rusia y Bielorrusia sin protección para inversiones energéticas en la Unión Europea

Aunque ni Rusia ni Bielorrusia son partes contratantes en el acuerdo, los inversores de dichos países podrían intentar utilizar entidades jurídicas establecidas en el territorio de una parte contratante en el acuerdo para acusar a la Unión o sus estados miembros de actuar de manera incompatible con la obligación de protección de las inversiones y, por tanto, podrían iniciar procedimientos de arbitrajes internacionales.

El artículo 17 del TCE permite a los firmantes denegar los beneficios de las disposiciones de protección de las inversiones establecidas en su texto a inversores de partes no contratantes que pretendan abusar del Acuerdo presentando demandas de inversión.

La UE intensifica la presión a Rusia y Bielorrusia: sin compensaciones por inversiones energéticas

La Comisión Europea (CE), en nombre de la UE, dará efecto a la Decisión mediante la difusión de la Declaración que figura en su anexo en la Conferencia sobre la Carta de la Energía.

La UE también dio a finales de junio el último paso para abandonar el TCE. En su opinión, este acuerdo multilateral de comercio e inversión aplicable al sector de la energía no es compatible con los objetivos climáticos en el marco del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.

La UE denuncia el TCE

El Consejo y la Comisión enviaron dos notificaciones escritas al Gobierno de Portugal, que es el depositario oficial del Tratado, notificando respectivamente la retirada de la Unión Europea y de Euratom. Las retiradas surtirán efecto en el plazo de un año.

España ha sido uno de los países más críticos con el acuerdo al asegurar que imposibilita el cumplimiento de las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París. Una carta enviada a Bruselas por parte del Gobierno en octubre de 2022, en la que se oficializaba la intención del país de retirase, animó a Países Bajos, Francia, Eslovenia, Alemania y Francia a hacer lo propio.

Inversores reclaman a España casi 10.000 millones

Los inversores afectados por los recortes a las primas de las renovables reclaman al Estado alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros) bajo el amparo de los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, como es el caso del TCE y también del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial, así como de diversos acuerdos bilaterales de inversión.

Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros). No obstante, los representantes legales de las compañías han advertido de que la cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.

La propuesta de los inversores

Bajo este escenario y con el fin de zanjar un problema que se alarga ya durante varios años, los inversores han ofrecido al Gobierno revertir en España las indemnizaciones para zanjar los laudos. La propuesta cuenta con el visto bueno de gran parte de las 26 empresas que están pendiente de cobro.

Según ha podido saber este medio en fuentes del sector, la propia Comisión Europea respaldaría cualquier acuerdo entre las partes. A día de hoy, el total adeudado -solo en laudos- por España se sitúa en casi 1.562 millones de euros. Además, el Estado debe afrontar el pago de 198 millones en intereses de demora y otros 80 millones de condenas en costas (en total unos 1.840 millones de euros).

Hasta la fecha, se han concluido 33 de los 50 casos y España ha perdido 26 de ellos, mientras que ha conseguido anular tres. Según fuentes del Ejecutivo, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior.