Negociaciones en entredicho: la asistencia sanitaria de funcionarios públicos, en grave riesgo de suspensión

Negociaciones en entredicho: la asistencia sanitaria de funcionarios públicos, en grave riesgo de suspensión

La situación es crítica en cuanto a la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos, ya que las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos que representan a estos empleados han llegado a un punto muerto. La falta de acuerdo en cuanto a la financiación y la gestión de los servicios de salud ha llevado a una situación de alto riesgo, en la que la asistencia sanitaria de estos funcionarios se encuentra en grave peligro de suspensión. Esto afectaría a miles de empleados públicos y sus familiares, que se verían privados de una cobertura médica adecuada. Las consecuencias podrían ser devastadoras, tanto para la salud de los afectados como para la estabilidad del sistema público de salud en general.

Negociaciones en crisis: asistencia sanitaria de funcionarios públicos en peligro de suspensión

La asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas, entre los funcionarios y sus familias beneficiadas, se encuentra en peligro de suspensión debido a la crisis en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras que prestan el servicio de salud dentro del concierto de Muface.

Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto de Muface, han decidido no acudir a la licitación del servicio debido a las nuevas condiciones de concierto que el Gobierno ha establecido, las cuales consideran insuficientes.

¿Qué es Muface?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Se creó en 1975 con la finalidad de gestionar el sistema de Mutualismo Administrativo de los funcionarios civiles del Estado.

Muface gestiona un conjunto de prestaciones para la protección de su colectivo, constituido por aproximadamente 1.500.000 personas. Para ello, cuenta con un presupuesto en torno a los 1.750 millones de euros (2018). Además, se integra en Muface la gestión del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado.

La negociación en curso

El acuerdo, de carácter bianual, debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo de 2025, recuerda el sindicato mayoritario en la función pública española, CSIF.

El Gobierno propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Esta cifra es inferior a la subida del 24% que había deslizado Muface en los últimos días y se aleja del incremento del 40% que pedían las aseguradoras.

Las condiciones económicas del actual concierto de Muface suponen a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año. Según fuentes de la reunión que tuvo lugar la semana pasada, suscribir el nuevo concierto con una subida de las primas del 14% lo único que haría sería agravar los costes que ya están asumiendo las compañías, tanto por la inflación como por el aumento de la siniestralidad.

Consecuencias de la no renovación del concierto

Si no se garantiza una financiación suficiente, 1,5 millones de personas podrían ingresar en las ya largas listas de espera de la sanidad pública.

El sindicato mayoritario en la función pública española, CSIF, ha amenazado con iniciar movilizaciones si el Gobierno no garantiza una financiación suficiente.

La patronal de la sanidad privada, ASPE, ya advirtió de que una remuneración deficitaria en el concierto provocaría un éxodo de funcionarios al sistema público de salud, con un potencial efecto en las listas de espera.

Según dicha patronal, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, mientras que su desaparición supondría en la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones por el hecho de tener que absorber a los mutualistas.

La situación actual

La prima media de Muface es de 984 euros, según detallaba hace dos semanas la Fundación IDIS, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público.

Ya en mayo, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, adelantaba que sería muy difícil que Adeslas acudiera a la licitación del concierto si no se mejoraban de forma muy notable las condiciones económicas.

El Gobierno tiene unos tres meses para sacar a concurso la licitación y que esta esté operativa a partir del año que viene. Si no se llega a un acuerdo, la asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas se encontraría en peligro de suspensión.