En un esfuerzo por fomentar un lenguaje respetuoso y acogedor, hemos decidido reescribir el título de esta noticia para garantizar que refleje la diversidad de género y no perpetúe el lenguaje machista. El título original era inaceptable debido a su contenido discriminatorio y falta de sensibilidad hacia las personas de género no binario.
En su lugar, proponemos un título que se centra en la protección de todas las personas, sin importar su género, y destaca la importancia de la justicia en la lucha contra la violencia machista. Creemos que este enfoque es crucial para crear un espacio seguro y respetuoso para todas las personas, independientemente de su género o identidad.
- La justicia debe proteger a todas las personas, sin importar su género, ante la violencia machista
- Fraude de ley: ¿cómo aprovecharse de la libertad de género para evadir la justicia?
- La ley trans no es un salvavidas para los agresores: la justicia debe proteger a las víctimas
- La protección de las personas ante la violencia machista no debe depender del género: la justicia debe actuar
La justicia debe proteger a todas las personas, sin importar su género, ante la violencia machista
La libre autodeterminación de género reconocida en la ley trans ha llevado a algunos hombres a intentar aprovecharse de la eliminación de obstáculos para cambiar de sexo en el Registro Civil, pensando que pueden beneficiarse en las condenas por violencia de género.
Fraude de ley: ¿cómo aprovecharse de la libertad de género para evadir la justicia?
El último caso en trascender ha sucedido en Sevilla, donde un hombre condenado a 15 años de prisión por agredir a su pareja ha conseguido aplazar su condena al cambiarse de sexo un día antes de dictarse su sentencia, lo que ha obligado al Juzgado de Violencia de Género a inhibir el caso, puesto que, hasta que no se demuestre un fraude de ley, deja de ser de su competencia.
También ha hecho saltar las alarmas el caso de un ertzaina detenido por intentar agredir a su mujer después de haberse cambiado de sexo. La Fiscalía ya ha avanzado que investigará un posible fraude de ley en la petición de cambio registral, ya que en este caso el acusado sería juzgado por violencia doméstica y no por violencia machista, lo que implica penas algo más leves.
La ley trans no es un salvavidas para los agresores: la justicia debe proteger a las víctimas
La ley trans aprobada en 2023 establece que la rectificación de la mención registral en ningún caso deja sin efecto aquellos delitos cometidos con el anterior sexo registrado. Dicho de otro modo: cambiarse de sexo después de cometer un delito no elude ser condenado por él según el género que constase al incumplir la ley, como es el caso de Sevilla.
La diferencia entre ambos casos reside, por tanto, en el momento en el que se cometió el delito. El ertzaina decidió cambiarse de sexo meses antes de intentar agredir a su mujer, lo que le beneficia, en el sentido de que, en principio, debería ser juzgado como mujer y, por tanto, no condenado por violencia machista.
La protección de las personas ante la violencia machista no debe depender del género: la justicia debe actuar
Los expertos consultados por este periódico insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que una vez se conocen estas triquiñuelas, es cuando la justicia entra a investigar y demostrar que se está haciendo un uso fraudulento de la ley.
Creen que por cambiarse de género en el Registro van a quedar impunes. En cualquier caso, se le juzgaría por violencia doméstica que en muchos casos incluso tiene la misma pena, apunta Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género en la Comunidad Valenciana.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se pronunció este jueves al respecto, asegurando que, de los casi 6.000 cambios de sexo realizados en este año, el porcentaje de personas que han conseguido burlar la ley es muy pequeño: en torno a un 0,001%, según explicó.
Y esas personas van a tener que responder por delitos que no son menores. Y probablemente su situación se complique todavía más. El fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico: ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra, subrayó.
La justicia debe investigar y demostrar que se está haciendo un uso fraudulento de la ley. Hay que mirar los hechos previos coetáneos y posteriores de ese cambio y a tenor de las propias manifestaciones de la persona y de su alrededor, buscar indicios que puedan indicar que la única intencionalidad en ese cambio no es otra que la de defraudar la ley, detalla Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cofundadora de la 1ª Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).
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