Prisa y confusión en los ayuntamientos ante el nuevo impuesto sobre residuos que cubrirá el completo proceso de recogida, transporte y tratamiento de

Prisa y confusión en los ayuntamientos ante el nuevo impuesto sobre residuos que cubrirá el completo proceso de recogida, transporte y tratamiento de la basura.

La entrada en vigor del nuevo impuesto sobre residuos ha generado un clima de prisa y confusión en los ayuntamientos de todo el país. La nueva normativa establece que los municipios deberán asumir el costo completo del proceso de gestión de la basura, incluyendo la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Esto ha llevado a una corrida contra el tiempo para adecuarse a los nuevos requisitos y evitar sanciones económicas. Los ayuntamientos deben ahora revisar y actualizar sus políticas de gestión de residuos para asegurarse de que estén en línea con la nueva legislación.

A partir del año que viene, los españoles pagarán el 100% del coste de recogida y tratamiento de residuos

Los vecinos de todos los municipios de España tendrán que pagar el 100% del coste de recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos a partir del año que viene. Esta nueva obligación se plasmará en una nueva tasa de basura que incrementará su contribución a un servicio municipal que hasta ahora los ayuntamientos cubrían en parte con otros recursos.

Confusión en los ayuntamientos ante la aplicación del nuevo impuesto sobre residuos

Algunas fuentes calculan que hasta ahora las tasas solo cubren un 40% del coste real del servicio y algunos ayuntamientos, como el de Oviedo, ha decidido aplicar una subida del 80% para sus presupuestos del año que viene. Mientras, otros muchos consistorios intentan decidir estos días con qué criterios cobrarla, mientras se lamentan de las pocas instrucciones precisas por parte del Gobierno central para empezar a aplicarla, como muy tarde, en abril de 2025.

El coste real del servicio de recogida de basuras: ¿cuánto pagarán los ciudadanos?

La nueva tasa de basuras gravará la recogida, transporte y tratamiento de los residuos que van al contenedor de resto, aquellos desechos que no son plástico, cartón, vidrio u orgánicos o que, simplemente, el usuario no quiere reciclar. Su implantación a partir del año que viene tiene su origen en una directiva europea de 2018 que intenta que los ciudadanos generen cada vez menos residuos y reciclen más, hasta llegar a una tasa del 50% en 2030.

El 'tasazo' de residuos: ¿cómo repercutirá en los presupuestos de los ayuntamientos y los ciudadanos?

El Gobierno convirtió esta obligación en una tasa específica, no diferenciada y no deficitaria dentro de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera que se aprobó en abril de 2022, en la que se decía que debía reflejar el coste real, directo e indirecto del coste de retirar, transportar y reciclar la basura del contenedor de resto, así como por la vigilancia de vertederos o campañas de concienciación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envió el pasado mayo una circular a los alcaldes para recordarles que se les acababa el tiempo. Y a tres meses de que entren en vigor los nuevos presupuestos municipales, los ayuntamientos tienen que diseñar el pago adicional que cada ciudadano deberá desembolsar entre denuncias de que tienen pocas instrucciones por parte de Hacienda.

Sueldos y mantenimiento de los camiones: hasta ahora, los vecinos han estado pagando una parte, generalmente minoritaria, de lo que cuesta retirar, transportar y reciclar la basura e, incluso, con los años, muchos alcaldes han suprimido la tasa de basura, aunque repercutiéndola en parte en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Estos atajos no servirán a partir del año que viene, cuando cada vecino deberá pagar su parte correspondiente del servicio, incluyendo desde lo que cuesta desde el sueldo del personal, el mantenimiento de los camiones de la basura o el combustible que utilizan hasta lo que cuesta la dedicación de los distintos técnicos municipales a estas tareas dentro de su jornada laboral.

En plena elaboración de presupuestos, en muchos municipios reina la confusión y la discrecionalidad sobre cómo crear lo que, tanto a izquierda como a derechas, se califica de tasazo y denuncian que la ley no da pistas concretas de qué criterios tienen que tener en cuenta para determinar cuánto paga cada vecino.

Las ciudades tienen que calcular el coste real del servicio y en función de qué criterios lo repercuten a sus ciudadanos en su totalidad. El resultado será un ingreso por la nueva tasa para la que algunos alcaldes se están planteando una cuota fija, otros una cuota fija y otra variable en función de la contaminación y otros más allá vinculándola con el consumo de agua.

La segunda parte de esta nueva tasa tiene que ver con las bonificaciones que la ley permite introducir de forma progresiva en una cuota variable en función del comportamiento de los ciudadanos. En su nivel inferior, elemental, contempla reducciones sobre una cuota única si se lleva la basura a los puntos o se hace compostaje doméstico.

Mientras el sector de la recogida de residuos espera un auténtico boom de este tipo de formas alternativas -y más conscientes- de consumir y generar y reciclar basura, los alcaldes de momento ven muchas más dificultades porque aquí de nuevo se abre un amplio abanico de posibilidades para hacer estos descuentos en la tasa, o de si se es familia numerosa.

No a todo el mundo le ha pillado el toro. La localidad castellonense de Nules forma parte del consorcio de residuos de la Plana Baixa que nunca eliminó la tasa de basuras, que repercute de diferente manera entre viviendas, comercios de distintas dimensiones e industrias y se bonifica en función de lo que reciclan los ciudadanos.

El objetivo último de la nueva tasa de basuras es que consumidor sea consciente del perjuicio económico que tiene para sí mismo generar demasiados residuos e ir implantando el principio de que quien contamina paga, a costa de una medida que los ayuntamientos consideran que será impopular para ellos, que son los que recaudan este impuesto, a pesar de que también hará que cuenten con más ingresos públicos.

De cara a los vecinos, estamos muy preocupados porque no queremos meter más impuestos de los que ya están sufriendo los ciudadanos. Hoy sube el IV de productos básicos, en enero otra partida de productos exentos pasará al 7,5% [de IVA] y ahora también esto, se lamenta el concejal de Badajoz, que hace dos décadas suprimió la tasa de basuras para incluirla en parte en el IBI.