En un nuevo capítulo de la lucha por la vivienda asequible en la región, el Ayuntamiento de Rivas ha presentado oficialmente una solicitud para que su término municipal sea declarado Zona de Vivienda de Interés Social. Esta figura jurídica permitiría al municipio acceder a fondos y recursos adicionales para desarrollar políticas de vivienda más asequibles y sostenibles. Sin embargo, y pese a la urgente necesidad de soluciones para la creciente demanda de viviendas en la zona, la Comunidad Autónoma ya ha comenzado a mostrar señales de rechazo a la petición del Consistorio rivense.
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha reclamado formalmente ser declarado zona residencial tensionada debido a los elevados precios del mercado inmobiliario. La alcaldesa de la localidad, Aída Castillejo, y la concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, han registrado la petición ante el Gobierno autonómico.
Buscamos proteger aún más el derecho de la ciudadanía ripense a vivir en nuestra ciudad, ha declarado la alcaldesa, quien ha acompañado esta petición de zona tensionada con un plan específico de medidas para hacer frente a la situación actual del mercado.
Entre otros aspectos, esta estrategia incluye la obligación de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización de un contrato de alquiler por un período máximo de tres años o que los nuevos contratos a inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior.
La alcaldesa ha asegurado que Rivas es una referencia en materia de vivienda pública y protegida y aspira a seguir siéndolo con la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven y el séptimo plan de la empresa municipal de la vivienda.
Los técnicos municipales han constatado que la ciudad cumple con los requisitos establecidos en la legislación para ser declarada zona tensionada, según ha trasladado el Consistorio, de ahí que hayan formalizado esta petición que en su día ya formularon localidades como Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada.
sin embargo, la Comunidad Autónoma de Madrid ya ha rechazado la solicitud, según ha adelantado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
No se va a hacer porque es una medida que va en sentido contrario a lo que tenemos que buscar, ha asegurado el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
García ha expresado que la Comunidad defiende que las administraciones públicas deben trabajar para que haya más oferta de vivienda y generando seguridad jurídica para que los pequeños propietarios puedan sacarlas al mercado y considera que la ley de Vivienda estatal no contribuye a estos objetivos, bajo su punto de vista.
El consejero de Presidencia ha remarcado que ya se ha demostrado en otros países que no funcionan mecanismos como la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios.
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