En el marco de la nueva regulación de VTC implementada en Madrid, se ha cumplido un semestre clave en la que se han revelado datos preocupantes. A pesar de los esfuerzos por regularizar el sector, miles de licencias pendientes siguen en espera, lo que genera incertidumbre en la comunidad de conductores y usuarios. Además, las autoridades han impuesto más de 700 sanciones a aquellos que no han cumplido con las normas establecidas, lo que demuestra la necesidad de un mayor control y vigilancia en este sector. En este contexto, es fundamental analizar los resultados de esta medida y evaluar su impacto en la ciudad.
Madrid cumple el semestre de la regulación de VTC: sanciones y licencias pendientes
- La Comunidad de Madrid implementó un reglamento para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en enero
- El reglamento estableció precios máximos y un régimen sancionador
- Sanciones interpuestas hasta mayo
- Desafíos pendientes para el Gobierno regional
- Licencias pendientes y recursos judiciales
- Reclamaciones y recursos contra la Comunidad
La Comunidad de Madrid implementó un reglamento para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en enero
La Comunidad de Madrid estrenó a mediados del pasado mes de enero un reglamento para los vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC que tienen en compañías como Uber, Cabify o Bolt sus buques insignia. Era la primera norma de este tipo que se publicaba en la región y su puesta en marcha vino marcada por el fin de la moratoria que establecía para el sector el llamado 'decreto Ábalos' de 2018.
El reglamento estableció precios máximos y un régimen sancionador
Además de establecer precios máximos en episodios de alta demanda del servicio y de regular las pruebas de conocimientos a las que tendrían que someterse todos los conductores, el texto estableció un régimen sancionador para castigar los incumplimientos legales. Con importes que van de 100 a 6.000 euros, se fijó un catálogo de infracciones leves, graves y muy graves.
Sanciones interpuestas hasta mayo
De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, conforme a esta normativa hasta el pasado 31 de mayo se habían interpuesto 757 sanciones. Entre los comportamientos más castigados, hasta en 329 ocasiones, destaca no cumplir con la obligatoriedad de llevar hojas de reclamaciones en materia de consumo.
Desafíos pendientes para el Gobierno regional
Controlar las posibles infracciones que puedan cometer los conductores o las empresas no es el único desafío que tiene el Gobierno regional en materia de VTC. Transportes también está inmersa en la preparación de las pruebas de conocimientos a las que se tienen que someter unos 17.800 conductores antes de julio del año que viene, y además hay amenazas de apertura de frentes judiciales contra la Comunidad en lo que atañe a este sector de la movilidad.
Licencias pendientes y recursos judiciales
Por un lado están las acciones que podría emprender Cabify ante la negativa de la Administración regional de emitir las primeras 7.700 licencias de las más de 23.000 que solicitó esta empresa en 2018. Transportes notificó esta decisión a principios de este mes y justificó que había cumplido escrupulosamente con lo dictaminado por el Supremo en este ámbito y que las solicitudes no se ajustaban a las condiciones legales.
Reclamaciones y recursos contra la Comunidad
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le solicitó a la Comunidad que ejecutara cambios sobre el texto aprobado para clarificar algunos aspectos de la normativa. Lo hizo tras recibir algunas reclamaciones de operadores del sector sobre aspectos como la fijación de precio en los momentos de elevada demanda, el número mínimo de conductores por licencia o los requisitos técnicos de los vehículos.
La regulación ha demostrado que se ha buscado, fundamentalmente, defender los derechos de los usuarios de este tipo de servicios, apuntan sobre este particular fuentes de la Consejería de Transportes de la Comunidad.
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