En un paso significativo para fortalecer la colaboración entre la academia y la empresa, los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez han decidido financiar un proyecto de gran envergadura en apoyo a la Universidad Complutense de Madrid. Esta iniciativa busca reforzar la relación entre la institución educativa y el sector empresarial, con el fin de promover la innovación y el progreso en beneficio de la sociedad. A través de esta financiación, se busca impulsar la investigación y el desarrollo en áreas clave, generando oportunidades para la formación de nuevos talentos y la creación de empleo. En los próximos días, se darán a conocer más detalles sobre este proyecto y sus objetivos.
Patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez financian proyecto en apoyo a la Complutense
La Fundación La Caixa y Reale Seguros, patrocinadoras de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, decidieron apoyar el proyecto al entender que venía avalado por la Universidad Complutense de Madrid. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a 20minutos después de que el juez tomara declaración al consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, y al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón.
Ninguno de ellos era consciente de si Begoña Gómez tenía titulación y su participación se enmarcó en el soporte de la Complutense a la cátedra extraordinaria que dirigió Gómez gracias a la financiación de estas compañías, tal y como han puntualizado las mencionadas fuentes.
Las declaraciones de Mariscal y Simón han sido las últimas que se han producido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se instruye la causa. Pese a que agosto se considera un mes inhábil para los tribunales españoles, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido retomar las pruebas testificales del caso Begoña esta misma semana, empezando por la declaración de Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua Hub, una filial del holding Globalia, y con el consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés.
En 2020, antes del estallido de la pandemia, Wakalua firmó un acuerdo con el IE Africa School que dirigía Gómez que incluía 40.000 euros de financiación. Pero la crisis sanitaria frustró el desembolso, de forma que Wakalua solo aportó 1.700 euros para pagar unos billetes de avión con destino a Londres. En ese mismo año, el Gobierno aprobó un rescate a Air Europa, aerolínea propiedad de Globalia, que implicó el desembolso de 475 millones de euros.
Pese a que no ha trascendido información sobre la declaración judicial de Lauffer, la empresaria ya dio testimonio en torno al caso Begoña en la comisión de investigación que impulsó el Partido Popular en el Senado. Allí confirmó que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tenía línea directa con Begoña Gómez.
Si la relación de la esposa de Sánchez con Globalia conforma una de las patas de la investigación que dirige Peinado, la otra se construye sobre la cátedra extraordinaria de Gómez en la Complutense y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. A finales de julio, el juez instructor tomó declaración como imputado al rector de la universidad, tratando de ahondar en quién tomó la decisión de crear la cátedra extraordinaria y por qué lo hizo.
El juez Peinado retoma en agosto la causa contra Begoña Gómez con cuatro testificales. Durante aquella comparecencia, Joaquín Goyache se desvinculó de aquella decisión y aseguró que el responsable era el vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio. Pese a todo, el rector admitió que la secretaria asignada por Moncloa a Begoña Gómez le había contactado en julio de 2020 para hablar de proyectos. Y confirmó que Gómez fue la primera y única persona en lograr dirigir una cátedra extraordinaria sin tener un título oficial.
Semanas más tarde, los directivos de la Fundación La Caixa y Reale Seguros han asegurado que no sabían que Begoña Gómez carecía de esa titulación y han confirmado que en el proceso de pactar el patrocinio de su cátedra comprobaron que Gómez estaba avalada por la Universidad Complutense.
El registro de la casa y la oficina de Barrabés
Pese a que el juez Juan Carlos Peinado se tomó un parón estival en la toma de pruebas testificales, la semana pasada dio su primer paso tras semanas de descanso cuando ordenó el registro de la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, en una providencia que se conoció el pasado jueves, el juez señaló que podía extraer conclusiones del silencio al que se atuvo Pedro Sánchez cuando Peinado le tomó declaración a finales de julio.
Al ser el marido de la principal investigada en la causa, el presidente del Gobierno se atuvo a su derecho a no declarar cuando el instructor se trasladó a la Moncloa para interrogarlo. Además, Sánchez y su esposa han presentado dos querellas contra el juez en la que lo acusan de prevaricar. Ambas están pendientes de resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene intención de contestar a estas denuncias en septiembre.
Deja una respuesta