Un informe revela un retroceso en la protección de los derechos de las personas con discapacidad después de la reforma de la capacidad jurídica Este

Un informe revela un retroceso en la protección de los derechos de las personas con discapacidad después de la reforma de la capacidad jurídica

Un impactante informe revela un inquietante retroceso en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la reforma de la capacidad jurídica. Esta situación genera preocupación y alerta en la sociedad, ya que la protección de los derechos de las personas con discapacidad es un aspecto fundamental para garantizar su inclusión y igualdad en la sociedad. Es urgente que se tomen medidas para revertir este retroceso y asegurar que se respeten y promuevan los derechos de las personas con discapacidad.

Reforma de la capacidad jurídica: un retroceso en la protección de derechos de personas con discapacidad

La organización Plena Inclusión España denuncia que la reforma de la Legislación civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ha supuesto algunos retrocesos en el acceso a beneficios tributarios, servicios bancarios y actos jurídicos para este colectivo.

Según un informe jurídico presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía en Madrid, la aplicación de la Ley 8/2021 ha detectado lagunas que implican un retroceso en derechos adquiridos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El informe alerta sobre las consecuencias negativas de esta reforma en varios ámbitos, entre ellos:

• Tributario: pérdida de beneficios fiscales
• Seguridad Social: retirada de prestaciones
• Finanzas: dificultad en el acceso y contratación de productos bancarios
• Mundo laboral: pérdida de derechos de trabajadores en convenios colectivos
• Territorio jurídico: problemas para acceder a la asistencia jurídica gratuita en los expedientes de jurisdicción voluntaria

La jueza especializada en discapacidad, Aurora Elósegui, destaca que uno de los mayores avances ha sido el respeto a la autonomía de la persona. Sin embargo, la aplicación de esta ley puede llevar a una pérdida de derechos para las personas con discapacidad.

El informe, elaborado por la entidad Gentium a instancias de Plena Inclusión, está dirigido a profesionales del derecho y busca facilitar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través del asesoramiento jurídico y la litigación.

La presentación del informe contó con las intervenciones de destacados expertos en la materia, entre ellos la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica.

Es fundamental proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad, y este informe busca concienciar a los profesionales del derecho sobre la importancia de evitar los efectos negativos de la aplicación de esta ley.