Programa para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas en prisión
En España, hay alrededor de 200 personas sordas o con discapacidad auditiva en cárceles y centros de inserción social, según cifras de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para atender a estas personas, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cuenta con el programa Personas Sordas Reclusas en Igualdad de Derechos.
El programa nació en 2018 dentro del Protocolo de Actuación Para Personas con Discapacidad en el Medio Penitenciario, creado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El protocolo se desarrolló para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las prestaciones y servicios que garanticen su participación en igualdad de condiciones que el resto de la población reclusa.
El programa incluye servicios de interpretación en lengua de signos y de mediación comunicativa, además de acceso al servicio de interpretación SVIsual, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas y oyentes a través de un videointérprete. SVIsual es un servicio de videointerpretación que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas y oyentes a través de un videointérprete. De este modo, una persona sorda reclusa no tendrá la necesidad de pedir a otro compañero que realice una llamada en su nombre porque podrá hacerla ella misma, explica Tiziri de Valcárcel, responsable del programa.
Además, el programa incluye material informativo de fácil comprensión basado en pictogramas, que se reparte en los centros penitenciarios para que las personas sordas reclusas conozcan las normas del centro donde cumplen condena y para que los profesionales que trabajan en estos lugares se familiaricen con la realidad comunicativa de este colectivo.
La información que recibimos llega mayoritariamente mediante mensajes sonoros. Partimos de la premisa de que en la sociedad que vivimos la información que recibimos llega mayoritariamente mediante mensajes sonoros. Una persona sorda, aún sin estar interna en un centro penitenciario, se enfrenta a numerosas barreras en el acceso a la información y a la comunicación, apunta Tiziri.
Por eso, a través de este programa se busca dotar a este colectivo de las herramientas y recursos que les permitan comunicarse, informarse y participar en igualdad de condiciones durante su estancia en un centro penitenciario o de inserción social.
Para garantizar la igualdad de oportunidades, hay que dotar a los centros de las herramientas necesarias para que la persona sorda pueda acceder a la información y la comunicación desde el momento de su ingreso. Por ejemplo, una psicóloga que habla lengua de signos apoya la adaptación de los programas que haya en prisión a las personas sordas y realiza también intervenciones cuando es necesario.
Este programa contribuye a eliminar buena parte de las barreras de comunicación y acceso a la información de las personas sordas reclusas, defiende Tiziri. Su derecho a comunicarse, a informarse, a entender y ser entendidos, a relacionarse, a contar con adaptaciones en celdas, en salas de visita o en salas comunes, a disponer de ayudas técnicas como despertadores luminosos o con vibración… En definitiva, contribuir a que gocen de la misma autonomía y las mismas oportunidades que el resto, concluye Tiziri.
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