Una jueza rechaza la concesión de amnistía a los manifestantes que asaltaron la comisaría de Vic en 2021
En un veredicto esperado, la jueza instructora del caso ha rechazado la solicitud de amnistía presentada por los abogados de los manifestantes que participaron en el asalto a la comisaría de Vic en 2021. Esta decisión tiene un gran impacto en la comunidad, ya que los hechos sucedidos aquel día conmocionaron a la opinión pública. La jueza ha considerado que las acciones de los manifestantes fueron violentas y delictivas, y que no cumplen con los requisitos necesarios para ser beneficiados con una medida de gracia como la amnistía. La sentencia abre la puerta a la imputación de los responsables y al inicio de un proceso penal que busca hacer justicia a los afectados.
La justicia rechaza la impunidad: jueza desestima la petición de amnistía a los manifestantes que atacaron la comisaría de Vic
Una jueza ha rechazado la solicitud de amnistía para cinco investigados por el intento de asalto a la comisaría de Vic (Barcelona) en las protestas de febrero de 2021 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel. La jueza concluyó que los hechos no tienen relación con el 'procés' catalán.
La jueza desestima la petición de amnistía debido a que los hechos investigados en este caso están relacionados con la detención de Hásel y no con el proceso independentista catalán. La ley de amnistía solo contempla los actos vinculados entre 2011 y 2023 en el contexto del proceso independentista.
La jueza subraya que solo pueden ser amnistiados los delitos que se encuentren específicamente contemplados en la ley del olvido penal y que, en este caso, los hechos no se ajustan a los supuestos previstos, por lo que no se les puede aplicar el perdón.
Los hechos de violencia ocurridos en Vic tras la detención de Hásel, en los que se provocaron daños en vehículos policiales y en la fachada de la comisaría y en los que varios mossos resultaron heridos, no se encuentran incardinados en el ámbito de aplicación establecido en la ley de amnistía.
La jueza desestima la petición de los investigados, en consonancia con lo que argumentaron también los abogados de varios de los mossos heridos -representados por los servicios jurídicos de los sindicatos USPAC y SPC-.
En febrero de 2021, unos 400 manifestantes atacaron con piedras y objetos de grandes dimensiones la comisaría de los Mossos en Vic, a cuyo interior lograron acceder. Los agentes que custodiaban la comisaría activaron el código 33, para situaciones de extrema gravedad, ante lo que tuvieron que intervenir los antidisturbios para repeler a los asaltantes.
Tras el ataque, en el que una docena de mossos resultaron heridos, el conseller de Interior de la época, Miquel Sàmper, se llegó a plantear si se podía mantener el modelo de comisarías de proximidad o si era necesario mejorar su protección, denunció la violencia gratuita en las protestas pro-Hásel y advirtió de que la violencia no estará nunca amparada, permitida ni tolerada.
Con la amnistía ya en vigor, cinco investigados pidieron que se les aplicara la ley del olvido, alegando que Hásel había criticado a las estructuras del Estado español, como el poder judicial o la monarquía, y que las manifestaciones en su apoyo también se convocaron para denunciar la ola represiva que sufrió Cataluña tras el 1-O.
El sindicato SPC pide penas de hasta cinco años de cárcel para los investigados en este proceso, mientras que USPAC solicita penas de hasta tres años de prisión.
La jueza ha rechazado la solicitud de amnistía, lo que significa que los investigados podrían enfrentar penas de prisión por los delitos cometidos.
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