La Fiscalía abre investigación a Alvise Pérez por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral a través de un empresario de criptomonedas
En un golpe a la transparencia electoral, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación contra el político Alvise Pérez debido a supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral. Según fuentes cercanas al caso, la financiación en cuestión se realizó a través de un empresario de criptomonedas, lo que ha generado sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados en la campaña. La Fiscalía busca determinar si hubo un delito electoral y si se violaron las normas de financiación de campañas. La investigación es un escándalo político que puede tener consecuencias graves para la carrera política de Alvise Pérez.
La Fiscalía investiga a Alvise Pérez por supuestas irregularidades en su campaña electoral
La Fiscalía del Supremo se encargará de investigar si Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), cometió un delito de financiación ilegal de su campaña electoral para los comicios europeos.
La investigación se inició después de que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas denunciara que el creador de la sociedad 'Madeira Invest Club', Álvaro Romillo, había entregado a Pérez 100.000 euros en metálico para financiar su campaña electoral. La denuncia fue ampliada este martes y la Fiscalía General del Estado la trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Según fuentes del Ministerio Público, la denuncia contra el eurodiputado se ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo porque es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado.
Denuncia por estafa y fraude
Álvaro Romillo, dueño de Madeira Invest Club, ha sido denunciado por estafa ante la Audiencia Nacional por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió que la sociedad no contaba con los permisos necesarios para operar en inversiones de criptomonedas.
La denuncia de las víctimas, representadas por Aránguez Abogados, señalan un fraude de más de 300 millones de euros. La firma representa a más de medio millar de afectados. Este miércoles, la Asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional que traslade la causa al Tribunal Supremo.
La investigación en curso busca determinar si Alvise Pérez cometió un delito de financiación ilegal y si Álvaro Romillo estuvo involucrado en una estafa a gran escala. La Fiscalía del Supremo tiene ahora la tarea de investigar y esclarecer los hechos.
Más información en breve.
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