El 1 de octubre de 2017 marcó un punto de inflexión en la historia de Cataluña, cuando se celebró el referéndum de independencia que desencadenó una crisis política sin precedentes en España. Siete años después, el independentismo catalán se enfrenta a un nuevo desafío, caracterizado por la inexistencia de opciones de amnistía para aquellos responsables de la malversación de fondos públicos durante el proceso secesionista. Además, la financiación para Cataluña se perfilaba en el horizonte, lo que supone un reto adicional para los líderes independentistas. En este contexto, la pregunta que surge es qué estrategias adoptarán los partidos independentistas para lograr sus objetivos y superar los obstáculos que se les presentan.
- Siete años después del 1-O: El independentismo catalán enfrenta un nuevo desafío
- La amnistía deja fuera a los responsables de la malversación en Cataluña
- La financiación singular para Cataluña: ¿Qué esperan los partidos políticos?
- Un nuevo capítulo en la historia del independentismo catalán: ¿Qué cambiará?
- El O, un recuerdo de la crisis política en Cataluña
Siete años después del 1-O: El independentismo catalán enfrenta un nuevo desafío
Ha pasado un lustro desde la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña, y el panorama político-social ha cambiado por completo. Tras más de una década de gobiernos independentistas, este verano fue investido como presidente de la Generalitat un líder del PSC, el primero desde José Montilla.
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió el cargo gracias a los apoyos de ERC y los Comuns y con la convicción de devolver la estabilidad institucional a Cataluña. Además, el nuevo jefe del ejecutivo cogía el testigo de Pere Aragonès y, al igual que el republicano, se comprometía a defender la aplicación de la Ley de Amnistía tras su entrada en vigor en junio y, fruto de los acuerdos de investidura con ERC, a impulsar una nueva financiación para Cataluña.
La amnistía deja fuera a los responsables de la malversación en Cataluña
El 11 de junio de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Tras meses de negociaciones entre el PSOE y ERC y Junts, entró en vigor una norma que se ha ido aplicando a un centenar de dirigentes independentistas, manifestantes y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ejecutivo español cifra entre 300 y 400 los beneficiarios de la ley, cifra que no incluye a los líderes del 'procés' condenados por malversación. El Supremo confirmó ayer que no va a amnistiar al exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
La financiación singular para Cataluña: ¿Qué esperan los partidos políticos?
En marzo, Aragonès presentó una propuesta de financiación singular en la que Cataluña pasaría a gestionar el 100% de los tributos con el objetivo de recaudar el doble de lo que percibe con la financiación autonómica actual. A priori, este modelo fiscal parecía pasar al olvido tras el batacazo electoral de los republicanos.
Sin embargo, la necesidad del PSC de conseguir los votos de ERC para investir a Illa llevó a que acordaran implementar la financiación singular. El 'cupo' catalán, que mantendría la cuota de solidaridad territorial, recibió el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, pero también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Un nuevo capítulo en la historia del independentismo catalán: ¿Qué cambiará?
El último ciclo político ha llevado a los partidos independentistas a mover 'ficha' tras la pérdida de parte del electorado. Mientras, Junts se prepara para renovar la cúpula del partido; ERC vive una 'lucha' interna para elegir la nueva presidencia de la formación, en medio de la polémica de los carteles y la estructura 'B'; y la CUP ultima la refundación del partido después de finalizar el 'Procés de Garbí'.
Por su parte, las entidades catalanistas ya pidieron nuevos liderazgos durante la Diada de cara a los procesos congresuales que inician en las próximas semanas. En este contexto hay que incluir la aparición de la ultraderecha independentista: Aliança Catalana.
El O, un recuerdo de la crisis política en Cataluña
Los primeros pasos hacia la convocatoria del referéndum al margen del Gobierno de Mariano Rajoy, que rechazaba la convocatoria de la votación, llevaron a que en septiembre, Puigdemont y su ejecutivo dieran un salto más, dotándose de un aval parlamentario propio que les blindara ante represalias políticas y judiciales.
El choque de trenes ya estaba a punto de producirse y el Estado, ante la inminencia del referéndum ilegal, desplegó a miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por Cataluña. Muchos de ellos se alojaron en tres cruceros atracados en el Port de Barcelona.
La respuesta del Govern a este despliegue policial en Cataluña fue la convocatoria del 1-0 y la llamada a las urnas. Muchos de los centros de votación eran colegios o centros cívicos, que fueron ocupados por activistas la noche anterior para evitar el precinto de los Mossos d'Esquadra.
El choque se hizo realidad el 1 de octubre de 2017, los mandos de los cuerpos policiales decidieron que agentes de los Mossos (en aquel entonces con el mayor Josep Lluís Trapero al frente) se personaran en los colegios electorales para impedir los comicios. Estos solo levantaron actas. Y el Govern, al ver la cantidad de gente que acudía a votar (2,2 millones de personas, según su propio recuento, con un 90% de 'síes' a la independencia) decretó el censo universal para que se pudiese depositar la papeleta en cualquier colegio electoral abierto.
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