En un anuncio que ha generado gran expectación en el panorama político y económico de España, el Gobierno ha comunicado que tiene la intención de ceder el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Comunidad Autónoma de Cataluña en el año 2025. Esta medida supone un importante paso hacia la descentralización fiscal y la autonomía financiera de la región catalana. Sin embargo, el ejecutivo central ha sido claro al establecer límites a esta cesión, ya que sostiene que la Generalitat no puede asumir el resto de impuestos en esta legislatura. Esta limitación ha generado críticas y debate entre los partidarios de una mayor autonomía fiscal para Cataluña.
El Gobierno cede el IRPF a Cataluña en 2025, pero duda en asumir el resto de impuestos
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, han alcanzado un acuerdo que permitirá la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat en 2025. Sin embargo, fuentes gubernamentales ponen en duda que el resto de tributos pueda ser cedido a la comunidad autónoma antes de finalizar la presente legislatura.
La capacidad de la Generalitat para asumir los tributos es una de las razones que esgrime el Ejecutivo para cuestionar la cesión del resto de impuestos. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la Generalitat debería ser capaz de asumir la gestión de una gran cantidad de tributos en un plazo muy corto, lo que plantea dudas sobre su capacidad para hacerlo.
Además, la cesión de tributos requiere de una reforma legislativa que debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Hay que reformar muchas leyes, advierten fuentes del Ministerio de Hacienda. En concreto, para que Cataluña comience a gestionar el IRPF, se tendría que modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), además de enmarcar ese acuerdo en una ley de cesión de tributos a Cataluña.
La modificación de la LOFCA requiere la mayoría absoluta del Congreso, un paso en el que puede tropezar el Ejecutivo, que últimamente está sudando la camiseta para reunir los apoyos de todos sus socios, sobre todo de Junts.
La reticencia de los partidos políticos es otra razón que obstaculiza la cesión del resto de impuestos. Los posconvergentes no quieren avanzar su posición en esta materia hasta que llegue una propuesta al Congreso de los Diputados, aunque miran con preocupación el pacto firmado entre el PSC y ERC, que a su juicio no tiene nada que ver con un cupo al estilo del vasco o el navarro.
En cuanto al resto de las formaciones que suelen apoyar al Gobierno, también hay reticencias en lo que respecta a la cesión de tributos a una sola comunidad autónoma. De hecho, cuando se firmó el preacuerdo, varias formaciones integradas en Sumar, como Más Madrid o Compromís, o grupos como la Chunta Aragonesista mostraron su desconfianza al respecto.
Fecha incierta para el resto de tributos. El Gobierno insiste en que el primer paso es la cesión del IRPF en 2025, lo que ya de por sí es complicado. Para el resto de tributos quieren dejar claro que no hay fecha ni se espera que la haya a corto plazo. Aseguran que el horizonte temporal puede irse más allá del fin de la legislatura.
En el texto solo se hace alusión a la fecha de implementación del IRPF, sin dar más detalles sobre el resto de tributos. Para el resto, lo único que hay es vocación y un acuerdo, afirman las mismas fuentes del Ejecutivo, que dudan mucho de que la Generalitat pueda asumir la cesión de todos los impuestos antes de 2027.
Además, el acuerdo también incluye que el Govern haga una aportación a las finanzas del Estado a través de un porcentaje -sin concretar- de participación en los tributos y también una aportación a la solidaridad para los servicios públicos del resto de territorios.
Actualmente, la Generalitat solo tiene cedidos el 50% del IRPF, que en 2025 pasaría a ser el 100%, además del 50% del IVA, y el 58% de los impuestos especiales, como el de la gasolina, el tabaco, el alcohol o los billetes de avión. Si el Gobierno cumple el acuerdo, aunque sea a largo plazo, pasaría a gestionar la totalidad de estos tributos junto con otros que ahora controla el Estado. Todos menos los de naturaleza local, que el acuerdo entre PSC y ERC deja claro que seguirán en manos de los Ayuntamientos, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles, conocido como IBI.
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