La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un llamado urgente al Gobierno español para que tome medidas con respecto a la controvertida ley de concordia propuesta por los partidos políticos Partido Popular (PP) y Vox. Dicha ley ha generado un intenso debate en el país, ya que representa un desafío a los principios de justicia y reconciliación. La ONU ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos que esta ley podría tener en la convivencia democrática y en la protección de los derechos humanos. Es por ello que se hace un llamado a las autoridades españolas a tomar acciones concretas para garantizar el respeto a los valores fundamentales de la democracia y la tolerancia.
Relatores de la ONU instan a España a proteger memoria histórica ante leyes de concordia
Tres relatores de la ONU han instado al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden invisibilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista.
Así lo han expresado en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas leyes de concordia que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición.
El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
Pedro Sánchez condena leyes antimemoria y de discordia propuestas por PP y Vox
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos.
Según explican, estas leyes ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica y pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y también pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen.
Por este motivo, han recordado que es deber de todos los poderes del Estado, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de todas las entidades de Gobierno a nivel nacional, regional o local, cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos.
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