- España aún espera el dictamen de la Comisión Europea sobre los hitos y reformas ligadas al cuarto pago de los fondos europeos
- La reforma fiscal, clave para acceder a los pagos quinto y sexto
- La fiscalidad verde, un tema pendiente
- La regulación autonómica, un obstáculo
- La reforma fiscal y la financiación autonómica
España aún espera el dictamen de la Comisión Europea sobre los hitos y reformas ligadas al cuarto pago de los fondos europeos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, están a la espera de la respuesta de las autoridades comunitarias sobre los próximos días, después de que el Ejecutivo español haya seguido trabajando en los compromisos para optar a los pagos quinto y sexto por valor de 7.500 y 18.600 millones de euros, respectivamente.
La reforma fiscal, clave para acceder a los pagos quinto y sexto
El quinto desembolso está vinculado a la aprobación de una reforma fiscal de la que Bruselas deslizó algunas medidas a considerar a España en un informe sobre la situación de la economía publicado el pasado 26 de marzo. El documento recomendaba eliminar los tipos reducidos del IVA, elevar los impuestos medioambientales y suprimir beneficios fiscales.
Desde el Gobierno han venido incidiendo en que una parte de las políticas que formarían parte de esa reforma tributaria ya se han ido aprobando a lo largo de los últimos años. Sin embargo, reconocen que todavía queda trabajo por hacer en todo lo relativo a la fiscalidad verde para poder acceder a la quinta transferencia de los Next Generation.
La fiscalidad verde, un tema pendiente
El Libro Blanco sobre la reforma tributaria publicado en marzo de 2022 incorporaba una subida de tributos verdes de entre 5.941 millones de euros y 15.023 millones de euros. Los expertos citaban esta y otras medidas como necesarias para que el sistema fiscal español se adapte a la realidad económica y sea más equitativo, justo y progresivo, incluyendo la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género.
Según Eurostat, España recaudó 20.500 millones de euros (el equivalente al 1,52% de su PIB) en concepto de tributación medioambiental en 2022, el último ejercicio para el que existen datos comparables. Este porcentaje es inferior al de media en la Unión Europea, donde estos impuestos superan el 2,02% del PIB.
La regulación autonómica, un obstáculo
La tributación verde es una cuestión que va por barrios debido a que las comunidades autónomas tienen competencias para regular sus propios tributos verdes, lo que genera un pequeño caos en la regulación. Desde el Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), se considera que haría falta un marco común o política única medioambiental fijada por la Administración Central.
Recientemente, Aragón ha creado un impuesto sobre parques eólicos, fotovoltaicos y líneas eléctricas de alta tensión, mientras que Cantabria ha introducido un canon por la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en suelo rústico, y País Vasco ha hecho lo propio con una tasa a los proyectos renovables (eólicos y fotovoltaicos) en suelo no urbanizable.
La reforma fiscal y la financiación autonómica
El Gobierno Central necesitaría pactar con los autonómicos una parte de ese alza exigida de impuestos verdes para poder homogeneizar más esta fiscalidad y evitar competencia desleal o agravios entre territorios. Sin embargo, la negociación no va a ser sencilla teniendo en cuenta las dificultades que el Gobierno de coalición ha tenido hasta ahora para aglutinar las mayorías parlamentarias suficientes con las que sacar adelante sus reformas.
El calendario aprieta y España deberá pisar el acelerador si quiere optar a los pagos completos de las transferencias que aún le quedan por recibir de los fondos europeos.
Deja una respuesta