Lei de protección ambiental impone restricciones a la venta y alquiler de viviendas a partir de 2030
Una nueva ley de protección ambiental tiene como objetivo reducir el impacto ecológico de la construcción inmobiliaria en el país. A partir de 2030, se establecerán restricciones para la venta y alquiler de viviendas que no cumplan con los estándares de eficiencia energética y sostenibilidad establecidos. Esta medida forma parte de un paquete de reformas destinadas a mitigar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible en el sector inmobiliario. La normativa busca fomentar la construcción de viviendas ecológicas y eficientes en energía, que reduzcan la huella de carbono y contribuyan a un futuro más sostenible.
Nuevos requisitos energéticos: la venta y alquiler de viviendas cambian a partir de 2030
La tendencia a la baja en la venta de viviendas, que ya en diciembre de 2023 registró una caída del 15,6% según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, podría agravarse aún más debido a los nuevos requisitos para alquilar o poner en venta un inmueble.
Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al cierre del 2023, el número de viviendas en España se situó en cerca de 27 millones, un 3,2% más que en 2022, y continuando una tendencia al alza que se prolonga desde hace 23 años. De esta cifra, más de 19,3 millones fueron considerados hogares, con este número también esperando un incremento en los próximos años.
Aun así, se avecina una nueva situación a partir del 2030, cuando, según establece la regulación europea, las viviendas que se quieran vender o alquilar deberán obtener, como mínimo, una calificación de 'E' en lo que a eficiencia energética se refiere.
Reformas inevitables
Desde el año 2013, para poder vender o alquilar un piso o una casa, las viviendas necesitan de manera obligatoria contar con un certificado de eficiencia energética, documento que se debe compartir con los posibles arrendatarios o compradores y que, en caso de no tenerlo, podría acarrear sanciones.
El sistema es sencillo, con una nota que, en función de distintos aspectos como el consumo de energía o las emisiones de CO2, valorará la huella energética del inmueble de la A a la G, siendo la A la mejor calificación y la G la peor. En el caso de la nueva regulación europea, la mínima calificación necesaria para vender o alquilar será una 'E'.
Este es un gran problema, ya que, según Andimac, la Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% de las viviendas no llegan a ese nivel, es decir, ocho de cada diez no cumplen con esos requisitos mínimos que se establecen desde Bruselas, sino que su calificación es de F o G, las dos peores. Además, teniendo en cuenta que tres años después el mínimo ascenderá a D, estamos ante una situación complicada.
Consecuencias en el mercado inmobiliario
Las dificultades en lo que a oferta de vivienda se refiere van a continuar de la misma manera que ahora, con la mayoría de viviendas teniendo que acometer reformas en el caso de que se quieran poner en el mercado.
Según estima el INE, el número total de hogares crecerá en los próximos 15 años en algo menos de cuatro millones, con los hogares unipersonales teniendo el mayor incremento (41,9%), por lo que habrá que ver cómo evoluciona el mercado de la vivienda si se quiere aumentar la oferta y disminuir el precio en los próximos años, algo que piden gran cantidad de ciudadanos españoles.
Esta normativa europea parece una nueva piedra en el camino que muchos deberán superar.
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