En España, a pesar de los esfuerzos por la rehabilitación verde, los pisos siguen siendo ineficientes en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. Aunque se han implementado medidas de ahorro energético y se han invertido cuantiosos recursos económicos en la rehabilitación de edificios, los resultados no han sido los esperados. La ineficiencia energética sigue siendo un problema grave en el parque de viviendas español, lo que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la economía de los propietarios de viviendas. En este sentido, es necesario analizar las causas de esta situación y buscar soluciones efectivas para abordar este problema de manera efectiva.
La eficiencia energética en las viviendas españolas: ¿qué está fallando?
Tras cuatro años y miles de millones invertidos, la vivienda en España sigue sin ser eficiente. Según el observatorio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), en marzo de 2024, el 87% de las viviendas se encontraban dentro de las calificaciones E, F y G, las tres peores en la escala.
Esta situación se debe en gran parte a la antigüedad del parque de viviendas en el país, con una edad media superior a los 43 años. Sin embargo, no es un problema exclusivo de España, ya que en toda Europa los hogares suponen el 40% del total del consumo energético, más que cualquier otro sector.
Medidas gubernamentales
En 2020, el Gobierno comenzó a implementar medidas para solventar esta situación, como el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), que otorgaba ayudas directas para la rehabilitación de viviendas. Este programa contaba con una financiación de hasta 400 millones de euros. Más adelante, se incorporó al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que amplió los fondos hasta casi los 3.000 millones destinados a propietarios y comunidades de vecinos. En 2023, se añadió una línea de avales ICO de 1.100 millones, cubriendo el 50% de la financiación de las obras.
Sin embargo, la situación continúa sin mejorar, y Europa comienza a presionar tras la publicación de la Directiva de Eficiencia Energética en la Edificación, que busca que todos los edificios (incluidos los ya construidos) sean cero emisiones para 2050.
Fallos en la administración pública
Uno de los principales problemas de los proyectos de renovación de edificios son los fallos de comunicación en la administración pública, según Eduardo Brunet, director de Green Finance Institute en España. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia del 90% de unos presupuestos atípicamente grandes por los fondos Next Generation, que finalmente tienen que gestionar una o dos personas de ayuntamientos en proyectos de una magnitud financiera que raramente manejan.
A esto se suma la falta de coordinación dentro de las mismas instituciones en concejalías que raramente interactúan entre ellas, como vivienda y medio ambiente, o con las CCAA y el Ejecutivo central, responsable a nivel legislativo. Todo esto da como resultado múltiples fallos que producen un mal uso o directamente la paralización de los fondos públicos.
Falta de divulgación
Otro de los errores se puede apreciar en el desempeño de la administración pública es que la creación de mecanismos de incentivo para la renovación de los hogares no ha llegado de manera óptima a la población. Según UCI, el conocimiento de herramientas como las hipotecas verdes se sitúa en apenas un 15%, y nueve de cada diez desconocen la existencia de deducciones por rehabilitación de vivienda en la declaración de la renta.
Importancia del sector privado
No obstante la activación de la subvención pública directa no es suficiente para conseguir los objetivos marcados por Europa cuando nos situamos en un contexto en el que las viviendas son la causa del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para GFI, la solución pasa por incorporar al sector privado a los proyectos de renovación, situando los fondos públicos como una base sobre la que poder construir proyectos a largo plazo que sean atractivos para el capital privado por su rentabilidad y bajo riesgo.
Un beneficio a nivel macro es que la transformación verde del sector tendría consecuencias a nivel macro, con ahorro en las importaciones de gas o en la salud de las personas. Brunet afirma que cada reducción de un kilowatio/hora el presupuesto público ahorra tres euros.
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