Acusado de acosar a Iglesias y Montero en su vivienda absuelto de todos los delitos

Acusado de acosar a Iglesias y Montero en su vivienda absuelto de todos los delitos

En un veredicto sorprendente, el Tribunal ha absuelto al hombre acusado de acosar a las figuras públicas Iglesias y Montero en su propia vivienda. La decisión, tomada después de un intenso juicio, ha generado un gran impacto en la opinión pública. El acusado, que había sido llevado a juicio por delitos de acoso y violación de la intimidad, ha sido declarado no culpable de todos los cargos. La defensa del acusado había argumentado que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar su culpabilidad, y parece que el tribunal ha compartido esta visión. Ahora, muchos se preguntan qué consecuencias tendrá este veredicto en la lucha contra el acoso y la violencia.

Acusado de acosar a Iglesias y Montero absuelto de todos los delitos

La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Ángel Frontera de varios delitos de injurias graves y de acoso respecto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero. La sentencia establece que los 'escraches' en los que participó Frontera durante siete meses en el domicilio familiar de Galapagar se situaron en el contexto temporal y político del Covid.

La jueza le exculpa de un delito continuado de injurias graves respecto a Irene Montero por prescripción, así como de los delitos de descubrimiento de secretos, coacciones, acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad y contra las instituciones del Estado en relación a Pablo Iglesias.

Frontera afrontaba una petición fiscal de tres años de prisión por acoso e injurias a la pareja. La acusación particular solicitaba un año y medio de cárcel para el procesado.

La versión de los afectados

En el juicio, Iglesias y Montero relataron la situación de angustia y estrés que soportaban a diario con insultos a diferentes horas del día, lo que cesó en diciembre de 2020 hasta que intervino un juzgado.

La argumentación de la jueza

En la argumentación, la jueza expone que las concentraciones en el domicilio de Iglesias arrancaron antes de que Miguel Frontera acudiera a las mismas y se mantuvieron tras la medida cautelar que le impidió acudir a las protestas por la gestión del Gobierno en relación al Covid, por lo que continuó el ruido y las molestias que dichas concentraciones generaban.

La magistrada afirma que a pesar de que la acusación particular situaba a Frontera como el instigador de las protestas en la vivienda, no hay corroboración alguna más allá de lo que manifestaron los querellantes, por lo que ha sido absuelto.

El contexto del Covid

Considerando como lo sucedido como 'un escrache', la jueza recalca que en este caso hay que tener en cuenta el contexto temporal y político en el que se produjeron los hechos tras la suspensión del derecho fundamental de circulación de las personas por la pandemia, que en aquella época vivía sus peores momentos.

Así, expone que las alegaciones del acusado en el juicio de que solo pretendía protestar contra la política del Gobierno en relación a la gestión de la pandemia no se pueden considerar ni absurdas ni arbitrarias.

La versión de los agentes de la Guardia Civil

Conforme a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que testificaron en la vista, descarta que el absuelto tuviera intención de vigilar a los querellantes, lo que considera imposible al existir vigilancia en la vivienda durante 24 horas y existir un perímetro de seguridad que fue ampliado. De igual modo, no considera probado que Frontera tuviera intención de contactar con ellos o buscar su cercanía física.

Alteración de la vida familiar

El fiscal mantenía que el acoso que ejerció el denunciado arrancó en mayo de 2020 y provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores.

En las conclusiones, la fiscal aseveró que el procesado traspasó la línea que sitúa la conducta en delito, manifestando que incurrió en injurias graves al grabar y publicar imágenes de la vivienda. A su juicio, este comportamiento excedía la libertad de expresión y supone unas injurias continuadas.