- Comienza el proceso judicial por la muerte de un anciano lanzado a un vertedero clandestino en la provincia de Almería
- Juez y jurado se pronuncian sobre asesinato de anciano que fue lanzado a un vertedero clandestino en Almería
- La calificación del fiscal
- El asesinato
- Ocultación del cuerpo
- Pena solicitada
Comienza el proceso judicial por la muerte de un anciano lanzado a un vertedero clandestino en la provincia de Almería
Con gran impacto social y emocional, comienza el proceso judicial en relación con el caso que conmocionó a la opinión pública hace algunos meses. Se trata de la trágica muerte de un anciano, quien fue llevado a un vertedero clandestino en la provincia de Almería. La investigación ha permitido identificar a los presuntos responsables de este delito aberrante, que ahora deberán enfrentar la justicia. La comunidad se muestra expectante y conmocionada ante este caso, que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad. En las próximas semanas, se espera que se desarrollen los juicios correspondientes y se haga justicia por la vida del anciano fallecido.
Juez y jurado se pronuncian sobre asesinato de anciano que fue lanzado a un vertedero clandestino en Almería
La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el inicio del juicio con jurado popular contra el hombre que se enfrenta a 18 años de prisión por el asesinato de un anciano de 83 años, cuyo cadáver fue encontrado en un vertedero ilegal de Almerimar, El Ejido (Almería), tras permanecer desaparecido 18 días.
El juicio se celebrará en cinco sesiones, de forma que en la primera declarará el acusado; en la segunda los testigos de la causa, un día después agentes de la Policía Nacional, durante la cuarta los peritos forenses y de criminalística, y ya en la última se presentarán las pruebas documentales, las conclusiones e informes finales.
La calificación del fiscal
La calificación del fiscal sostiene que el procesado conocía a la víctima, ya que había intervenido como intermediario en la adquisición y posterior venta de un vehículo por parte del fallecido. La víctima sospechaba que había sido engañada por el acusado en el precio de estas operaciones, así como en el posible otorgamiento de compraventa a su nombre, sin su firma y su consentimiento.
El fiscal mantiene que, debido a esto, pidió explicaciones al acusado, quien le habría asegurado que todo era correcto. El 2 de diciembre de 2021, el acusado habría llamado a la víctima y lo habría recogido en su automóvil con la excusa de desplazarse a una gestoría para convencerlo de la legalidad de la operación con documentos.
El asesinato
Simulando que quería aclarar las cosas, se dirigió con la víctima a la puerta del establecimiento, que permanecía cerrada. De esta forma, regresaron con el perjudicado sentado en el asiento del copiloto y recogieron al hijo del acusado, tras lo que se marchó a la localidad de Santa María del Águila, donde este último pasajero se bajó.
Cuando se quedaron solos, asegura el fiscal, el acusado se dirigió con él a una zona desconocida en las inmediaciones de Santa María del Águila, en la que no existen viviendas sino invernaderos, ni posibilidad de ser localizado por personas que se pudieran encontrar en el lugar.
En un momento determinado, de forma sorpresiva e inopinada, con la intención de ocasionarle la muerte, aprovechándose de su avanzada edad y sus dificultades físicas, el acusado, con el uso de algún tipo de objeto o herramienta, propinó a la víctima un fuerte golpe en la cabeza, según la Fiscalía.
La víctima sufrió una fractura por estallido con puntos de impacto en la región frontal y doble trayectoria, hacia la región occipital que desembocó en su muerte por un traumatismo cráneo-encefálico.
Ocultación del cuerpo
Tras esto, el acusado habría ocultado el cuerpo en un vertedero ilegal en la carretera que conduce a Almerimar, cubriendo el rostro con una piedra de grandes dimensiones. El cadáver no fue localizado hasta veinte días después, en avanzado estado de descomposición.
Pena solicitada
Por estos hechos, el fiscal atribuye al acusado un delito de asesinato, por el que solicita una pena de 18 años de prisión, y que indemnice a los herederos directos de la víctima con 120.000 euros.
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