En un fallo judicial que ha generado gran impacto en la opinión pública, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a prisión al exalcalde socialista de Los Palacios, acusado de malversación de fondos en un programa de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La sentencia, que ha sido considerada como un golpe contra la corrupción política, establece que el exmandatario utilizará fondos públicos para beneficio propio y de sus allegados, en lugar de destinarlos a los objetivos previstos en el mencionado programa de ERE. La condena es un ejemplo más de la lucha contra la impunidad y la corrupción política, y supone un avance en la defensa de la transparencia y la integridad en la gestión pública.
La Audiencia de Sevilla ha condenado al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, a un año y dos meses de prisión, un año y once meses de inhabilitación especial y dos años y nueve meses de inhabilitación absoluta, como cooperador de un delito de prevaricación en concurso con malversación.
La condena se debe a una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, conocida como el fondo de reptiles, que se nutría la trama de los ERE fraudulentos.
Hechos probados
La sentencia considera probado que el exalcalde Emilio Amuedo, que gobernó hasta 2004, firmó en 2003 un protocolo con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que la Junta aportase una ayuda excepcional de seis millones de euros al Ayuntamiento para la construcción de un complejo de actividades ecuestres.
Sin embargo, el proyecto debía contar con un plan de viabilidad que no aparecía unido ni se ha localizado. A pesar de ello, Guerrero gestionó el pago por parte del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 901.518 euros como ayuda específica e incondicionada respecto del proyecto de viabilidad, dinero que se abonó en tres pagos.
La Audiencia destaca que el dinero se entregó con una falta completa de tramitación de expediente administrativo, sin que, a fecha de su concesión, el titular de la Dirección General de Trabajo ostentara delegada la competencia para la adjudicación de dicha ayuda, porque correspondía al titular de la Consejería de Empleo.
El papel de la interventora
La Audiencia también condenó a la interventora accidental del Consistorio, Trinidad Rodríguez Velasco, a un año de cárcel, un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de inhabilitación absoluta por el mismo delito, pero con la atenuante de reparación del daño.
Según la sentencia, la interventora dio el visto bueno al convenio de colaboración mencionado y no efectuó una fiscalización real de los ingresos ni de los pagos derivados de la ayuda recibida ni controló la legalidad de los procedimientos seguidos.
No obstante, la Audiencia reconoce que, una vez iniciado el expediente de revisión de oficio por la Consejería de Empleo para obtener la devolución de las cantidades transferidas, la interventora contribuyó a la devolución íntegra por el Ayuntamiento de todos los importes obtenidos de forma ilícita, concediéndole así la atenuante de reparación del daño.
Destino de la ayuda
Los magistrados aseveran que el centro ecuestre no llegó a ejecutarse finalmente, de manera que no se conoce el destino que tuvo la ayuda recibida, excepto el abono de una factura por 10.440 euros para la ejecución de un levantamiento topográfico en la ubicación prevista.
Antonio Maestre dijo en el juicio que el dinero fue destinado a sufragar el día a día del Consistorio, siempre a gasto público, asegurando que la Administración andaluza no especificó que se tratase de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre.
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