En un nuevo capítulo de la polémica que rodea al Tribunal Constitucional, el Partido Popular ha decidido solicitar la recusación de dos magistrados de este órgano jurisdiccional, lo que supone un nuevo golpe a la institución. La solicitud se basa en la supuesta parcialidad de los magistrados en los procesos relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía. Además, el PP también pedirá que Conde Pumpido se abstenga de participar en estos procesos, argumentando que su implicación en el caso podría comprometer la imparcialidad del Tribunal. Esta decisión del PP genera un nuevo episodio de tensión en el seno del Tribunal Constitucional, lo que podría afectar la estabilidad del sistema judicial español.
El PP cuestiona imparcialidad del Tribunal Constitucional en el caso ERE y solicita recusación
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado que el partido solicitará la recusación de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y pedirá que el presidente del alto tribunal, Cándido Conde-Pumpido, se aparte del caso ERE para garantizar la obligada apariencia de imparcialidad del órgano.
La solicitud de recusación se basa en la supuesta falta de imparcialidad de los magistrados Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer. La primera, según el PP, presidió la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y fue ponente o participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE. Por su parte, Balaguer es cuestionada por haber sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y ponente de 28 dictámenes sobre toda la casuística del caso de los ERE.
El PP no descarta ampliar esta petición de recusación respecto a Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano. Campo, según el partido, debería ser recusado por haber pasado al TC desde el Ministerio de Justicia, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como por haber sido director general de Justicia con el expresidente andaluz Manuel Chaves en el período investigado por los ERE y secretario general de Relaciones con el Parlamento entre 2014 y 2015, cuando la Cámara abordó en muchas ocasiones la trama. Respecto a Segoviano, el PP apunta a dos sentencias relacionadas con los ERE que firmó como magistrada de lo Social del Supremo.
Bendodo ha manifestado que lo que el Constitucional no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias, no del Supremo, sino de 20 tribunales que ya hablaron en el mismo sentido, y ha apuntado a que hasta 70 familiares y personas vinculadas con el PSOE se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones. Y, en este sentido, ha reiterado que el de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España.
Reacciones políticas
El PSOE andaluz ha anunciado que denunciará a Bendodo por sus declaraciones sobre los ERE y la Junta lamenta la nueva sentencia del TC.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado sobre las sentencias del TC que han estimado parcialmente los recursos de amparo de los ex altos cargos socialistas condenados, algunos de ellos ya en libertad. Ha aludido en su respuesta a la opinión de varios juristas de prestigio que consideran que las decisiones del TC no pueden modificar las tomadas por el Supremo, al tiempo que ha calificado como de no creíbles algunos de los argumentos que está utilizando el PSOE.
Moreno ha pedido a los socialistas que se lean las sentencias porque no se ha absuelto a nadie, eso no es verdad. Además, ha recordado que fue el PSOE quien echó a Chaves y a Griñán, que fue Susana Díaz la que pidió perdón y el propio Griñán el que reconoció el fraude, en alusión a la declaración del expresidente en el juicio en la que afirmó: No creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude.
Por último, el líder del Gobierno andaluz ha dicho entender que quieran cambiar el relato, pero las cosas son como son, la historia está escrita y los andaluces no olvidan.
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