La solicitud de que las empresas que no cumplen con la reserva de empleo destinada a personas con discapacidad se vean privadas de subvenciones ha generado un intenso debate en el ámbito laboral. Esta propuesta, que busca garantizar la inclusión laboral de un sector de la población históricamente marginado, plantea un desafío significativo para las compañías que no han priorizado la contratación de personal con diversidad funcional. La responsabilidad social empresarial se presenta como un elemento clave en este escenario, donde se cuestiona la equidad y el respeto a los derechos laborales de las personas con discapacidad. Es fundamental reflexionar sobre el impacto que esta medida podría tener en el panorama laboral y en la conciencia social en torno a la inclusión y la diversidad.
Cermi pide vetar subvenciones a empresas que no cumplen cuota de empleo para discapacitados
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado una solicitud a las Cortes Generales del Estado para impulsar una reforma de la Ley General de Subvenciones. El objetivo es que no se otorguen ayudas a aquellas empresas que no cumplan con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, establecida en el 2%. Esta petición se fundamenta en la idea de que desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos en situación de protección reforzada.
El Cermi destaca que la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta solicitud ha sido enviada a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
CSIF y CERMI abogan por sancionar a empresas que incumplen reserva laboral
Además, el Cermi propone que aquellas empresas que hayan sido sancionadas en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, sean excluidas de recibir ayudas de las administraciones públicas. Asimismo, sugiere que se considere motivo de exclusión para recibir subvenciones el haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves, como actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, establecidos en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.
Para el Cermi, resultaría inaceptable que personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas penalmente o sancionadas administrativamente por conductas graves reciban beneficios o subvenciones como premio a su comportamiento censurado por las normas legales. Asimismo, recuerda que la Ley Reguladora del Derecho de Asociación excluye de cualquier subvención o ayuda a aquellas entidades que promuevan el odio o la violencia, basándose en la sanción penal de dichas conductas.
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