En un controversial pronunciamiento, dos magistrados del Tribunal Constitucional han cuestionado la autoridad del máximo órgano judicial del país. Según estos magistrados, las sentencias que absuelven a condenados en casos de despido improcedido están suplantando la autoridad del Tribunal Supremo. Esta situación ha generado un debate en el ámbito judicial, ya que se considera que el Tribunal Constitucional está infringiendo la competencia del Tribunal Supremo. La cuestión es fundamental, ya que se trata de la interpretación de la ley laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.
Polémica en Andalucía: magistrados critican sentencias que eximen de responsabilidad a condenados
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que exonera, total o parcialmente, a varios condenados en la pieza política del caso de los ERE ha generado una fuerte polvareda en Andalucía, avivando la guerra entre el PP y el PSOE.
Dos magistrados del bloque conservador del TC, César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera, han emitido un voto particular conjunto en el que cuestionan las sentencias emitidas, argumentando que declaran de facto irresponsables a los recurrentes y extienden sobre ellos un privilegio de inviolabilidad e inmunidad.
Cuestionan la sentencia del TC
Los magistrados Tolosa y Espejel consideran que las sentencias del TC suplantan al Tribunal Supremo al interpretar los conceptos de resolución y de asunto administrativo, lo que, según ellos, es innovador en la historia del TC. También acusan a la sentencia de efectuar una revisión de oficio de las sentencias del Tribunal Supremo.
Ambos magistrados afirman que los fallos de la Audiencia de Sevilla de 2019 y del Tribunal Supremo en 2022 no han vulnerado los derechos a la legalidad penal ni la presunción de inocencia, como argumentan las resoluciones del TC.
Críticas a la doctrina del TC
Los magistrados Tolosa y Espejel consideran que la doctrina que se plasma en las sentencias recién conocidas, que eximen de responsabilidad a los condenados en todo lo relativo a la elaboración de los Presupuestos, es inasumible. Según ellos, esta doctrina deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución.
Además, advierten que esta doctrina desprotege la indemnidad del patrimonio público, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos, los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública.
Guerra política en Andalucía
Mientras tanto, populares y socialistas siguen inmersos en una guerra cada vez más subida de tono. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha criticado que el PSOE pretenda reescribir la historia del caso de los ERE.
Por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha acusado al PP de negacionista democrático porque si le dan la razón le parece bien, pero si se la quitan es que el órgano está manipulado, los magistrados no son independientes, y cuestionan la imparcialidad de los mismos.
La polémica en torno a las sentencias del TC y la reacción de los partidos políticos en Andalucía sigue generando un clima de tensión en la región.
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