El Congreso aprueba la amnistía este jueves, pero el Ejecutivo expresa preocupación por posibles recursos legales que podrían obstruir su aplicación

En un jueves histórico, el Congreso ha dado luz verde a la amnistía, medida que busca reconciliar a la sociedad y cerrar heridas del pasado. Sin embargo, el Ejecutivo ha expresado su preocupación por posibles recursos legales que podrían obstruir la aplicación de esta medida. Aunque la aprobación de la amnistía es un paso importante hacia la reconciliación, el gobierno teme que la aplicación de esta medida pueda enfrentar obstáculos en el camino. En los próximos días, se esperan nuevos desarrollos en este sentido, mientras que los sectores políticos y sociales esperan con interés el desenlace de este proceso.

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Amnistía en peligro: El Ejecutivo teme que la judicatura trate de bloquear la aplicación de la ley

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves la ley de amnistía para los encausados por el procés, y, con toda probabilidad, derribará los vetos aprobados por el Senado, lo que implica que la norma será puesta en marcha de manera definitiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el Gobierno da por descontado que una parte de la judicatura tratará de buscar vías para evitar aplicar la ley.

La tramitación de la ley ha sido convulsa y ha sufrido diversos escollos, pero finalmente el Gobierno y sus socios han conseguido superarlos para aprobar la norma. Aunque la oposición ha anunciado que llevará el texto ante el Tribunal Constitucional, los socialistas han llegado incluso a presumir de que poner en marcha la amnistía ha apuntalado sus históricos resultados en las elecciones autonómicas de Cataluña.

El debate en el Congreso

El debate en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomará la palabra este jueves para defender la gravedad de una amnistía que, aseguran los populares, acabará con la igualdad ante la ley de los españoles. Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la amnistía y convoque elecciones generales, argumentando que el país está parado.

Fuentes del PP admiten que, hoy por hoy, la norma ya no supone un desgaste tan grande para el Gobierno como la investigación judicial a la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El pulso jurídico

El Gobierno considera que la ley está blindada ante el más que probable recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que sí causa intranquilidad en el seno del Ejecutivo es que algunos jueces puedan realizar interpretaciones legales interesadas para bloquear la aplicación de una norma que, a juicio del Gobierno, es legítima y perfectamente ajustada a derecho.

Entre las vías para congelar la amnistía se encuentran la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si duda sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho europeo.

La propia proposición de ley de amnistía trata de blindarse frente a este supuesto en su articulado, estableciendo que el carácter singular de la norma deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas.

Un segundo pulso

El debate de este jueves volverá a traer la amnistía al primer plano de la actualidad. Tras convocar una manifestación contra la ley el fin de semana pasado, la oposición y el PP han anunciado que llevarán el texto ante el Tribunal Constitucional, y el líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que no apruebe semejante acto de indignidad política, moral y judicial.

El Gobierno considera que la ley es legítima y ajustada a derecho, pero sabe que la batalla no ha terminado. El Ejecutivo teme que la judicatura trate de buscar vías para bloquear la aplicación de la ley, lo que podría llevar a un segundo pulso jurídico en el que el Gobierno y la oposición se enfrentarán en el Congreso sobre la amnistía para los encausados por el procés.

Jorge Vidal

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