En un movimiento que puede tener profundas implicaciones políticas y jurídicas, el Ejecutivo ha decidido tomar una medida contundente en relación con la Ley de Concordia de Aragón. Según fuentes cercanas al Gobierno, se ha decidido pedir al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esta polémica ley. Esta medida puede tener importantes consecuencias para la política autonómica y las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. La Ley de Concordia de Aragón, aprobada en 2020, ha generado un intenso debate político y social en la región. Ahora, con esta solicitud al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo busca sentar un precedente importante en la interpretación de las competencias autonómicas.
El Ejecutivo Pedirá al Tribunal Constitucional que Declaren la Inconstitucionalidad de la Ley de Concordia de Aragón
El Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón, de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox.
Según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa, la decisión llega después de que no se haya alcanzado ningún acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el central en los tres meses posteriores a la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Aragón.
El ministro Torres explicó que el Gobierno intentó abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero lamentó que el Ejecutivo autonómico rechazó sentarse a la mesa a negociar, lo que calificó de inusual.
El Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
El Ejecutivo considera que la ley de concordia de Aragón es inconstitucional, ya que atenta contra la memoria histórica y la dignidad de las víctimas del franquismo. Por lo tanto, ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la ley.
La decisión del Consejo de Ministros es un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Aragón, que ha generado una gran polémica en el país.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su rechazo a la ley de concordia de Aragón desde su aprobación, y ahora ha decidido llevar el asunto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La resolución del Tribunal Constitucional será decisiva para determinar el futuro de la ley de concordia de Aragón y para establecer un precedente en materia de memoria histórica y dignidad de las víctimas del franquismo.
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