El empresario que financió a Alvise Pérez pide al juez que designe un administrador para sus empresas mientras se le investiga por estafa

El empresario que financió a Alvise Pérez pide al juez que designe un administrador para sus empresas mientras se le investiga por estafa

En un giro inesperado en el caso de estafa que enfrenta el empresario que financió la carrera política de Alvise Pérez, éste ha solicitado al juez que designe un administrador para sus empresas mientras se lleva a cabo la investigación en su contra. Esta solicitud se produce en un momento crítico, ya que las autoridades están analizando las operaciones financieras del empresario y su posible implicación en actividades delictivas. La designación de un administrador permitiría a un tercero independiente tomar el control de las empresas y evitar cualquier posible manipulación de los activos o la destrucción de pruebas. La decisión del juez podrá tener un impacto significativo en el desarrollo del caso y en el futuro de las empresas involucradas.

El empresario que financió a Alvise Pérez pide protección judicial para sus empresas

Álvaro Romillo, el empresario que donó 100.000 euros a Alvise Pérez y luego lo denunció ante la Fiscalía por financiación ilegal, solicita al juez José Luis Calama que ordene desbloquear sus cuentas bancarias en Portugal y designe a un administrador judicial que gestione su entramado empresarial y evite su quiebra.

En el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por presunta estafa, la defensa de Romillo argumenta que salvar el entramado de su cliente será favorable para las víctimas de su presunta estafa. El documento revela un imperio de hasta 13 sociedades, que incluyen concesionarios de lujo, hoteles en Málaga y Granada, restaurantes, empresas de NFTs y un festival de música, el Selvatic Málaga Fest, en el que actúan artistas como Juan Luis Guerra, Black Eyed Peas, Juanes o Rels B.

Un imperio empresarial en peligro

El escrito de Romillo indica que el empresario creó una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, autocine, festivales de música, tiendas y propiedades. Sin embargo, debido al bloqueo de una cuenta bancaria con sede en Portugal, Romillo afirma que le ha resultado insostenible hacer frente a los pagos.

Por lo tanto, la defensa de Romillo solicita que se libre una orden europea de investigación a las autoridades de Portugal para que se desbloqueen las cuentas bancarias y, en su caso, los fondos se pongan a disposición de esta instrucción.

Cooperación con la Justicia

La defensa de Romillo destaca que su intención es cooperar en todo lo posible para que los inversores puedan resarcirse del daño económico presuntamente causado. Para lograrlo, considera indispensable que Portugal desbloquee los activos para hacer frente a los gastos del resto de empresas que componen la estructura societaria y así que dichos negocios continúen su funcionamiento.

De esta forma, el empresario podría afrontar el pago de una eventual responsabilidad civil, apunta el documento remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Aprobación de la solicitud

Una asociación de víctimas respalda la solicitud de designar a un administrador judicial para el entramado del empresario investigado. La firma Zaballos Abogados, que representa a varios centenares de afectados por la estafa orquestada por Romillo, considera que garantizar la viabilidad de las empresas será positivo para asegurar mejor el resarcimiento de los afectados y la actividad laboral de 200 trabajadores que dependen de ello.