En un nuevo episodio de la crisis institucional que afecta al poder judicial, el fiscal general ha presentado una solicitud formal para la destitución de cuatro magistrados del Supremo, en un caso que ha generado gran polémica y debate en el ámbito político y jurídico. Lo más paradójico de esta situación es que los propios magistrados afectados deberán ser los encargados de decidir sobre su propia continuidad en el cargo, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso. Esta situación ha generado un gran debate sobre la independencia del poder judicial y la necesidad de una reforma profunda en el sistema.
García Ortiz reclama destitución de cuatro magistrados del Supremo que debaten su continuidad
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un incidente de recusación contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo que deben pronunciarse sobre su designación y futuro en el cargo. García Ortiz considera que estos jueces deben apartarse porque ya se han pronunciado sobre su actuación en el pasado.
El fiscal general pide que otros jueces decidan su futuro en el cargo, acusando a Supremo de 'parcialidad'
Según fuentes fiscales, García Ortiz ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo), que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.
Estos magistrados ya habían dictado una sentencia que tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada y, por lo tanto, García Ortiz entiende que ya estarían contaminados por ese procedimiento para ahora decidir sobre su continuidad al frente del Ministerio Público.
Además, estos cuatro jueces son los que acaban de anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la Sección Cuarta es la que se encarga de los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.
García Ortiz considera que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró inidóneo para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo.
El fiscal general añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia sobre el ascenso de Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados.
Por ello, García Ortiz pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias anteriores contra él, como entiende que sí sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala, como sucede en este mismo caso.
La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz es acusado de parcialidad en favor del Gobierno, al tiempo que se le acusa de omitir cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias.
Por ello, la APIF considera que García Ortiz no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno.
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