En un movimiento que tiene como objetivo proteger los intereses de la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico ha decidido iniciar un procedimiento judicial contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. La medida se toma en respuesta a la grave situación de escasez de agua que afecta a la Albufera de Valencia, una de las zonas más sensibles y valiosas desde el punto de vista medioambiental en la región. La escasez de agua en la Albufera ha generado gran alarma entre los habitantes de la zona y los defensores del medio ambiente, que ven en esta situación un grave riesgo para la biodiversidad y el ecosistema de la zona.
La Generalitat activa el frente judicial para garantizar el agua para la Albufera, en peligro de catástrofe ecológica
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, han anunciado que el Gobierno valenciano ha activado el frente judicial en su reclamación de más agua para el lago de la Albufera, con el envío al Ministerio para la Transición Ecológica de un requerimiento como paso previo a tomar acciones legales en la vía contencioso-administrativa.
Según la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, solo ha recibido 2 de los 20 hectómetros cúbicos de agua comprometidos como aportación extraordinaria, lo que pone en peligro la supervivencia ecológica de la laguna. Estamos ante una situación de emergencia y debemos actuar con urgencia para evitar una catástrofe ecológica, ha declarado Pradas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) atribuye la batalla política a la candidatura de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a las elecciones europeas. Sin embargo, la Generalitat sostiene que ha recibido solo una pequeña parte de la agua comprometida y denuncia la inactividad negligente del Gobierno central.
Hacen una maniobra trilera y engañan a la población valenciana con lo que tendría que llegar, ha denunciado Pradas. Por un lado, están las aportaciones ordinarias que tienen que llegar a toda la extensión del parque y, por otro, las transferencias extraordinarias y necesarias para la renovación del agua del lago.
El Consell ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa, María José Catalá, se ha unido al presidente Carlos Mazón para exigir a Ribera que deje de mentir respecto a las aportaciones. Ambos han alertado ante el riesgo que la sequía supone para la supervivencia ecológica de la laguna.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) considera evidente que se está tratando de generar una batalla política con un asunto que debería dilucidarse en el ámbito puramente administrativo. Sin embargo, la Generalitat insiste en que la situación es grave y requiere acciones urgentes para evitar una catástrofe ecológica.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha advertido que el sistema Turia podría entrar en prealerta por la sequía y sería necesario establecer restricciones en el regadío en una fase muy avanzada si no se registran lluvias de aquí a julio.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia trabajan conjuntamente en acciones judiciales para exigir al Ministerio el agua prometida y garantizar la supervivencia ecológica de la Albufera.
La batalla por el agua para la Albufera ha comenzado, y la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia están unidos en su lucha para proteger este patrimonio natural.
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